Por Patricia Grogg *
Ciénaga de Zapata
Matanzas
IPS
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Máximo Tomás
Dept. de Investigaciones
La Nueva Cuba
Mayo 10, 2008
-Difíciles interrogantes relacionadas con la productividad, los
salarios, la participación o el desempleo asedian a la población
económicamente activa de Cuba, en momentos en que el gobierno toma
medidas aún discretas para sacar definitivamente al país de una crisis
que dura ya más de 15 años.
El agobiante impacto de las deficiencias económicas en las condiciones
de vida de los 11,2 millones de habitantes de esta isla ocupó buena
parte de los reclamos realizados durante los debates promovidos por las
autoridades el pasado año, tras el discurso del 26 de julio del
presidente Raúl Castro.
"El problema de la baja productividad y los bajos salarios se resolverá
en la medida que cada sector aplique la fórmula de pagar de acuerdo con
lo que la gente produce", señaló a IPS Ariel Terrero, periodista e
investigador especializado en temas económicos.
"El techo del salario debe ser la productividad y no a la inversa", remarcó.
Según Terrero, este método de vincular la retribución monetaria a los
resultados comprende en particular a los sectores líderes de la
producción y los servicios, cuyo desarrollo permitiría mejoras en las
condiciones salariales de otras ramas como la salud y la educación.
El Ministerio de Trabajo aprobó en febrero un nuevo Reglamento General
sobre las Formas y Sistemas de Pago --resolución 9/2008-- que establece
la extensión del pago por resultados a todo el sistema empresarial
cubano. De este modo, cada persona empleada podría ganar tanto dinero
como fructífero sea su desempeño laboral.
La nueva normativa está dirigida a "incrementar la productividad,
reducir los gastos y costos, disminuir los índices de consumo
energético", además de elevar la calidad de mercancías y servicios,
aumentar el aprovechamiento de la jornada laboral, sustituir
importaciones e incrementar las exportaciones y los aportes al
presupuesto estatal.
Con el inicio de la recesión en la década del 90, el poder adquisitivo
de las familias cubanas se contrajo dramáticamente. En ese mismo
período, el Estado sostuvo a decenas de empresas ineficientes, siguió
pagando salarios a miles de trabajadores inactivos y mantuvo los
subsidios a la educación, la salud y algunos alimentos esenciales.
Especialistas estiman que todavía hoy, a tres lustros del momento más
duro de la crisis, el salario promedio tiene apenas un cuarto del valor
real del que se cobraba en 1989, aunque su cuantía se haya incrementado
de 188 a 408 pesos (la moneda nacional).
En un país donde la abrumadora mayoría de la fuerza de trabajo pertenece
a entidades estatales, se calcula que, como promedio, una familia
conformada por dos adultos y dos menores precisa casi el doble de sus
ingresos corrientes para satisfacer las necesidades más elementales.
En 2005, el gobierno decretó un alza general de los salarios y las
pensiones, que benefició a más de cinco millones de personas. El
domingo, una medida similar incluyó nuevamente a quienes dependen de la
seguridad y la asistencia social, junto al personal de la Fiscalía
General y el Tribunal Supremo, en total unas dos millones de personas.
Pero no todo parece ser una cuestión de números. Según el economista
Pavel Vidal, en un artículo para la revista católica Espacio Laical, se
debería permitir que los trabajadores se apropiaran de una parte de las
ganancias de la empresa, además de fomentar la participación e
identificación con los resultados productivos.
Por su parte, Terrero afirmó que no basta con las mejoras salariales y
en las condiciones de trabajo. En un análisis para su página en
Internet, Cuba Profunda, abogó por fortalecer "la participación de los
trabajadores en la toma de decisiones en sus empresas o centros de
trabajo", como vía para realizar "el conflictivo sentimiento de
pertenencia".
La creciente pérdida de responsabilidad ante la propiedad estatal, que
se supone patrimonio colectivo, ha sido una de las causas de la
indisciplina laboral prevaleciente en la isla, según han reconocido
dirigentes sindicales. Una resolución al respecto del Ministerio del
Trabajo, aplicada desde abril de 2007, parece haber cambiado poco las cosas.
El mayor peso de esa tarea podría encargarse ahora a la militancia del
gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC). El presidente Raúl Castro
llamó el lunes a "trabajar por continuar perfeccionando" la labor y la
autoridad de esa organización política "ante las masas".
En su discurso de clausura del sexto Pleno del Comité Central del PCC,
el mandatario anunció la celebración en el segundo semestre de 2009 del
sexto Congreso partidario, "para meditar colectivamente acerca de las
experiencias de estos años de Revolución en el poder" y "conformar, con
proyección de futuro, la política del Partido en los diferentes ámbitos
de nuestra sociedad."
Paralelamente al reto de elevar la eficiencia económica, las autoridades
cubanas enfrentan actualmente el desafío de devolver al trabajo su
prestigio social, sobre todo entre los más jóvenes.
Una investigación practicada en 2007 por la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) reveló que más de 282.000 personas permanecían desvinculadas de
cualquier actividad productiva o docente. La magnitud del problema es
alarmante en La Habana, donde 20 por ciento de la población en edad
laboral no trabaja..
Según un informe de la organización juvenil, las causas del fenómeno son
el bajo nivel escolar de los jóvenes desvinculados, la falta de
correspondencia entre sus aspiraciones y las propuestas de empleo, así
como deficiencias en la atención que les ofrecen las administraciones y
los organismos estatales encargados del tema.
Muchas de estas personas "prefieren estar en el 'invento' o 'la lucha'
(ganarse la vida de modo ilegal) y no quieren trabajar, en última
instancia porque no lo necesitan para vivir", indicó el semanario
Trabajadores, órgano oficial de la Central de Trabajadores de Cuba.
Mientras, "al país le falta fuerza laboral en importantes sectores como
la educación, la salud, la construcción, la agricultura, entre otros",
reconoció el rotativo.
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