Apagones y asfixia informativa
By RICARDO TROTTI
Existe una fórmula infalible para medir el nivel de autoritarismo de un
gobierno: cuanto más censura, menos democracia.
Es una paradoja, pero cuando ocurren hechos trascendentes y existe mayor
necesidad de saber, los gobiernos autoritarios se afanan por apagar y
asfixiar las noticias. En la libertad de prensa radica la vulnerabilidad
de su poder absoluto.
Estas semanas estuvieron salpicadas de silencios y apagones. En China,
tras la pelea étnica que arrojó más de 150 musulmanes uigures muertos,
el gobierno dispuso una férrea censura, afectando a periodistas y medios
extranjeros, que paralizó la internet y canceló la telefonía móvil y
fija; además, cortó de cuajo la comunicación por Facebook, YouTube y
Twitter, redes sociales que días antes habían sido el talón de Aquiles
del régimen de Irán, que trató de apagar, sin éxito, la información
sobre las protestas por elecciones fraudulentas.
La censura se vivió también parcial y temporalmente en Honduras, donde
en los primeros dos días del golpe de estado que destituyó a Manuel
Zelaya, el gobierno acorraló militarmente a varios medios electrónicos,
entre ellos al oficial Canal 8 que, como televisora estatal, era
utilizada como órgano de propaganda, tal ocurre en otros países de
Latinoamérica.
Existen diferentes ''causas'' de los apagones, según el gobierno. En los
países totalitarios, donde todos los medios pertenecen al estado o al
partido, como en Irán, China o Cuba y donde criticar a los medios
locales sería asumir culpas propias, las autoridades justifican el
silencio informativo acusando a los periodistas extranjeros y a otras
potencias de instigar el delito e incitar a la violencia. Esas
imputaciones, como la de Irán a Gran Bretaña, caen en saco roto, porque
los regímenes carecen de credibilidad, tanto por sus mentiras como por
estar engrosando sus cárceles con disidentes, periodistas y cibernautas.
A comparación con los totalitarios, los gobiernos autoritarios son los
más peligrosos e hipócritas, porque escondiéndose detrás de fachadas
democráticas que construyen con procesos electorales constantes, tratan
de destruir a los medios y a todo aquel que no comulga con la partitura
gubernamental.
Venezuela es el caso típico. Todo el aparato propagandístico, legal y
jurídico está destinado a acusar a los medios y periodistas de sedición
y de traición, dos delitos que automáticamente los aleja de la
Constitución y los acerca a las rejas. El presidente Hugo Chávez, por
ello, califica a los medios tanto de ''desestabilizadores'' como de
''pitiyanquis'' o de conspiradores y golpistas o de insidiosos y
desleales, adjetivos todos que califican la insurrección y la traición a
la patria. El cierre de la ''terrorista'' RCTV es el ejemplo más palpable.
En el estado autoritario, creado a imagen y semejanza de El príncipe de
Maquiavelo, donde el fin justifica los medios, el sistema se reserva el
derecho de conceder el usufructo de los medios, de premiar y castigar,
de ahí que ahora esté en juego la suerte de 240 radios y las señales
privadas de cable --incluida RCTV cable-- acusadas éstas de conformar el
''latifundio mediático'', según el ministro Diosdado Cabello, porque no
respetan las imágenes de Telesur y Venezolana de Televisión, emisoras de
propaganda oficial. Los periódicos, más alejados de la influencia del
estado, guardan mayor independencia, aunque igual son asfixiados con
regulaciones fiscales y económicas, hasta para conseguir dólares
oficiales para comprar papel e insumos importados.
El gobernante autócrata busca la protección de las leyes. Venezuela
reformó el Código Penal en el 2005, agravando la crítica contra el
presidente, delito de desacato en desuso o desaparecido de otros códigos
latinoamericanos. Con todo el aparato legal a sus pies y un Congreso
monopólico desde hace años, no es difícil imaginar que pronto amanecerá
la ley sobre ''delitos mediáticos'' que promueve la fiscal general,
Luisa Ortega, para evitar, según ella, campañas periodísticas que
generan ''angustia, zozobra y pánico'', una burda justificación para
asfixiar y producir un apagón informativo constante y permanente.
En momentos en que la comunidad internacional aisló a Honduras,
castigándola por romper la institucionalidad, sería justo que se adopte
similar medida contra Chávez si cierra Globovisión; al fin y al cabo,
como la libertad de prensa está protegida por su Constitución y la Carta
Democrática, apagar Globovisión, significaría asestar un golpe
inconstitucional.
RICARDO TROTTI: Apagones y asfixia informativa - Opinión - El Nuevo
Herald (11 July 2009)
http://www.elnuevoherald.com/opinion/story/494966.html
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