Jorge Olivera Castillo
Habana Vieja, La Habana, 7 de julio de 2011, (PD) Sigue sin aparecer un
antídoto contra el descontrol. Todos los esfuerzos dedicados a la tarea
de extirpar ese flagelo se escurren entre una maraña de indisciplinas y
corruptelas que por su reiteración merecen ser considerados parte
indivisible de la nación cubana.
El asunto vuelve a los primeros planos, pero sin perspectivas reales de
eliminarlo. Poco importa el optimismo y las críticas de Mercedes López
Acea, miembro del Buró Político y primera secretaria del Partido en la
Habana, durante las recientes conclusiones de la VI Comprobación al
Control Interno en la capital.
Tampoco podría considerarse importante la presencia de Gladys Bejerano
Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la
República y Marta Hernández Romero, presidenta del Gobierno en La Habana.
Frente a esta nueva ronda de autocríticas y propuestas de soluciones,
es preciso detenerse en la cantidad de veces que similares
planteamientos han sido parte de la agenda en foros y asambleas.
El problema principal para comprender el fenómeno está dado en el
énfasis en las consecuencias y no en las causas.
Para llegar a soluciones perdurables habría que acometer una serie de
transformaciones estructurales que no parecen estar a la vuelta de la
esquina.
Un paso de tal naturaleza requeriría de voluntad política, producto
deficitario cuando se trata de temas inherentes a una revisión profunda
del sistema, con la muy alta probabilidad de que esta labor ponga de
cabeza los preceptos políticos e ideológicos que avalan el centralismo y
planificación estatal y que además contribuyan a reducir la
preeminencia del Partido Comunista como único representante de la nación.
Es obvio que la élite de poder que rige los destinos del país hará lo
imposible por conservar los principios fundacionales devenidos en
elementos de legitimación y caracterizados por su carga de exclusiones y
condicionalidades.
Los discretos signos de apertura en el sector económico no son parte de
una evolución liberalizadora que garantice una serie de derechos, entre
ellos la propiedad privada. Tanto por la lentitud en la aplicación de
las tibias reformas respecto al ejercicio del trabajo por cuenta propia
como por la codificación del discurso que repite las consignas que
alimentan la patriotería y rechazan el pluralismo en toda la extensión
del término, es posible afirmar la imposibilidad de obtener, a corto y
mediano plazo, avances en la eliminación de las irregularidades
debatidas en la reunión presidida por las señoras Mercedes Acea, Gladys
Bejerano y Marta Hernández.
La prensa oficial, en sus reportes, refirió que hubo un retroceso
respecto al año pasado en cuanto a las deficiencias en las auditorías
aplicadas a 132 entidades pertenecientes a 25 organismos de la
Administración Central del Estado, una entidad nacional y 30 Consejos de
la Administración Provincial.
Entre los elementos causales de las anomalías detectadas sobresalieron
la pérdida de valores éticos y morales, la falta de asesoramiento,
supervisión y control por los niveles superiores; no utilizar el plan de
prevención de riesgos como instrumento de trabajo; falta de exigencia en
la aplicación de resoluciones ministeriales, indisciplinas y violación
de las disposiciones jurídicas; descontrol administrativo y contable,
entre otros.
Los resultados del control interno en La Habana son una muestra de lo
que ocurre en toda Cuba. Ante tal podredumbre, es más sensato
pronosticar el derrumbe que una eficiente restauración.
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