Miguel Zerolo Aguilar, ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife y ahora
senador está acusado de desviar fondos de las arcas públicas para
negocios en Cuba, México, Brasil, República Dominicana, Nicaragua,
Uruguay, Venezuela y Colombia.
martinoticias.com 12 de diciembre de 2011
Luego de cuatro años de investigaciones, el presunto caso de corrupción
de Miguel Zerolo Aguilar, ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife en Islas
Canarias, España, tomará un nuevo giro cuando asuma el cargo de senador
en el Parlamento de Canarias este martes 13 de diciembre.
Los hechos se remontan a enero de 2007 cuando el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, admitió a Trámite una querella interpuesta por la
Fiscalía Anticorrupción contra Miguel Zerolo, en un caso de corrupción
urbanística con la compra de terrenos en una zona turística del
municipio, conocida como Playa de Las Teresitas.
La presunta red de corrupción se extiende a países de América Latina
como Cuba, México, Brasil, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay,
Venezuela y Colombia, según un informe de treinta folios registrado por
la policía de Santa Cruz de Tenerife.
En el caso de Cuba, Zerolo pudo haber invertido en plantaciones de
tabaco, siempre mediante el uso de testaferros. De momento, este caso no
ha trascendido en los medios oficiales de la isla. También se desconoce
si han detenido a ciudadanos cubanos implicados en los turbios negocios.
En caso de que este incidente perturbase las relaciones entre ambos
países, las consecuencias podrían afectar notablemente a Cuba, pues
España es su cuarto emisor de turismo con más de 100 mil visitantes
españoles anualmente, indica el periodista Juan Carlos Sánchez, quien
forma parte de la comunidad de cubanos nacionalizados españoles que
residen en Tenerife.
Sobre Miguel Zerolo siguen pesando cargos dentro del sumario, como
prevaricación y malversación de caudales públicos, en una trama legal,
donde según las investigaciones realizadas, se han obtenido plusvalías
de hasta 120 millones de euros en la venta de los citados terrenos.
Además de Zerolo, otras poderosas personalidades de la vida pública
canaria estaban implicados en negocios hoteleros e inmobiliarios en el
resto de los países; incluso dispusieron inversiones en una planta de
fabricación de biodiesel en Senegal.
Fuentes próximas al caso han indicado que este proceso podría
convertirse en un juicio de enorme trascendencia, dependiendo de la
viabilidad con que pueda seguir la investigación a tenor de que el
imputado tenga o no el paraguas protector de su condición de aforado,
inmunidad o privilegio jurídico de que disfrutan personalidades del
ámbito político.
La investidura del nuevo cargo ha sido interpretada por de la opinión
pública y la prensa como una estrategia de Coalición Canaria, partido al
que pertenece Zerolo, para que gane tiempo en la investigación y busque
otros caminos para su defensa, debido al retraso de dos años que
provocará su condición de aforados.
"La decisión de elevar a Zerolo al Senado ha provocado discrepancias
tanto entre los fundadores como entre los nuevos militantes, lo que
podría conducir a una renovación del partido," señala el periodista.
El caso –explica Sánchez - ha vuelto a la luz pública hace unos días
cuando la magistrada Carla Bellini del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias le retiró a Zerolo la imputación de cohecho, delito consistente
en sobornar a un juez o un funcionario en ejercicio de funciones.
"El tema ha cobrado una enorme resonancia en la opinión pública canaria
en un momento en que políticos y personalidades de la vida pública
nacional, como son el ministro en funciones José Blanco y el Duque de
Palma, Iñaki Uznangarín, yerno del Rey, están también imputados por
presuntas tramas de corrupción y apropiación de dinero público y fraude
a la administración respectivamente," señaló el entrevistado.
La sociedad española y en particular la sociedad canaria está muy
indignada por toda esta serie de casos de corrupción y piden que la
justicia sea igual para todos," asegura Sánchez, y subraya "la
necesidad de que todos los estados que estén afectados colaboren
conjuntamente para esclarecer los hechos."
"Esta es una de las cuestiones que se están planteando dentro de la
restructuración política de España: que desaparezca esta condición de
aforado, y los políticos implicados en casos de corrupción sean
apresados como cualquier ciudadano normal," concluye Juan Carlos Sánchez.
http://www.martinoticias.com/noticias/Politico-espanol--135442138.html
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