La nueva ley y el próximo desastre

Inversiones, Economía, Cambios



La nueva ley y el próximo desastre

La ley de inversiones y las trampas del régimen

Eugenio Yáñez, Miami | 27/03/2014 10:30 pm



Este fin de semana la siempre unánime Asamblea Nacional del Poder

Popular aprobará la nueva ley de inversiones, más anunciada que circo en

pueblo de campo y más demorada que un ómnibus en La Habana.

El jefe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la

Asamblea Nacional fustigó la supuestamente falsa idea de que los

diputados levantan su brazo para aprobar las leyes sin conocer su

contenido. Dijo que desde hace días esos diputados recibieron la

propuesta de ley para su estudio. Así que sabemos que esta vez la

aprobarán conociendo el contenido, aunque eso no importa, porque es

imposible que en el muy democrático parlamento cubano alguien se atreva

a votar en contra o abstenerse en una propuesta presentada por el régimen.

Se supone que la nueva ley supere a la de 1995, en pleno Período

Especial bajo la férula de Fidel Castro, donde a pesar de la enorme

necesidad de capital que asfixiaba al país establecía limitantes y

regulaciones no atractivas a grandes inversionistas. Tras aquella ley,

además de capitales españoles en el turismo, canadienses en la minería,

y otros casos puntuales, llegaron a Cuba mercachifles, buhoneros,

titiriteros, vendedores de humo y otros "inversionistas" buscando lucrar

con las necesidades del pueblo en complicidad con la dictadura, no

pretendiendo asociaciones comerciales que reportaran ventajas a los

cubanos de a pie.

Hay que decir "se supone" al referirse a la nueva ley porque aun no se

conoce todo sobre ella. Como dijo el Primer Vicepresidente Miguel

Díaz-Canel, la prensa del régimen "a veces no dice toda la verdad".

Obviando el eufemismo del "a veces", está claro que hay vacíos

informativos intencionales en la prensa amaestrada y, por tanto, es

difícil conocer realidades de la Isla limitándose a informaciones oficiales.

Dicen los alabarderos del régimen que "más capitales extranjeros

significan un aumento de productividad y empleos en la Isla, que a su

vez llevan a un aumento de exportaciones que traen moneda dura y menos

importaciones que se tragan el dinero". Perogrullada, y claro ejemplo de

trampa al no decir toda la verdad: esa secuencia no es forzosa; ocurre

si funciona adecuadamente la gestión de la economía, tarea en la que el

régimen no se ha destacado positivamente en más de medio siglo.

No hay razones, más allá de la utopía o la propaganda barata, para

considerar que esta vez sería diferente. La corrupción rampante y las

indefiniciones jurídicas hacen pensar varias veces las cosas a

potenciales inversionistas. El vacilante arranque y primeros pasos de la

Zona de Desarrollo Especial Mariel es un éxito solamente en la

propaganda oficial y en los comentarios de los sicarios verbales del

régimen. La sombra de la doble moneda y el secretismo sobre su

eliminación no contribuye a estimular la confianza de eventuales

emprendedores, sino todo lo contrario. Así que por mucho que Brasil

insista en ayudar, el régimen tendrá que actuar con realismo para lograr

algo que valga la pena.

Un ex-viceprimer ministro tronado, resucitado en estos tiempos alrededor

de la nueva ley, dijo que la legislación propuesta "ampliará el carácter

complementario de las inversiones extranjeras", lo que significa que a

pesar del discurso oficial y las necesidades de capital, las inversiones

estatales serán fundamentales y las extranjeras "complementarias", aun

si nadie sabe cómo se financiarán las estatales.

La antigua ley todavía vigente limita al 49 % la propiedad extranjera en

empresas mixtas, y el gobierno controla el 51 %. Hay que ver si el

referido "carácter complementario" de las inversiones extranjeras se

expresará en limites al porcentaje de propiedad en cada empresa o habrá

empresas con mayor porcentaje de capital extranjero, quedando lo del

carácter complementario en la proporción global entre inversión estatal

y extranjera.

En un artículo de oncubamagazine.com titulado "Cubanos residentes en el

exterior podrán invertir en Cuba", se señala que los extranjeros podrán

invertir en todos los sectores, con excepción de los servicios de salud

y educación y las instituciones armadas.

Un punto caliente es el de la posibilidad de los cubanos de invertir.

Para los residentes en Cuba parece casi imposible por el carácter

"socialista" del régimen, pero entre cubanos en el exterior han surgido

expectativas, desde grandes capitalistas hasta quincalleros aspirando a

financiar inversiones familiares en pequeños negocios, estimulados por

análisis de supuestos expertos en el tema. La Ley de 1995 dice que el

inversionista extranjero es una "persona natural o jurídica con

domicilio y capital en el extranjero". De aquí algunos deducen que esa

definición incluye explícitamente a los cubanos residentes en el

exterior, que sin embargo no han podido hacerlo nunca.

Habrá que ver. El régimen nunca ha mostrado demasiado interés en

permitir inversiones de cubanos residentes en el exterior —de "los

gusanos"— pues las ve como amenazas a su poder absoluto y grieta en su

caparazón ideológico. De admitir algunas ahora, por la desesperada

necesidad de capitales, lo haría a regañadientes y con una enorme carga

de condicionamientos concretos y específicos.

Finalmente, otro punto candente tiene que ver con la contratación de los

trabajadores. Hasta ahora el inversionista extranjero solicita sus

necesidades de trabajadores a una empresa estatal que se los asigna. El

extranjero paga a la empresa estatal los salarios de esos trabajadores

en moneda libremente convertible, y entonces la empresa paga a los

trabajadores en pesos cubanos, en la cantidad que estime e

independientemente de lo que el inversionista extranjero haya pagado por

el trabajo de los cubanos, de manera que la empresa estatal se apropia

escandalosamente de la diferencia. Eso no lo menciona la prensa oficial

cubana, porque "a veces no dice toda la verdad".

Ese mecanismo se mantendría. Sin embargo, según una directora del

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, y el periódico

Juventud Rebelde, con la nueva ley las empresas estatales intermediarias

"ya no buscarán ganar dinero" (¿entonces existirían solo para el control

político?), lo que implicaría "un sustancial aumento del pago a los

cubanos contratados por los inversores extranjeros". De ser así, quienes

trabajen para inversionistas extranjeros verían incrementarse sus

salarios, lo que ampliaría las diferencias sociales con quienes no

tengan ese privilegio.

Ya el fin de semana los diputados aprobarán unánimemente la nueva ley de

inversiones, y nos iremos enterando poco a poco de qué fue lo que resultó.

Poco a poco, porque recordemos que la prensa cubana "a veces no dice

toda la verdad".



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