Opinión
El General, las 'reformas' y el mito de la renovación del 'modelo'
Miriam Celaya
La Habana 20-09-2012 - 8:42 am.
Es imposible lograr avances económicos reprimiendo las libertades
individuales. El régimen busca ganar lo que los cubanos siguen
perdiendo: el tiempo.
A seis años de la Proclama en la que Fidel Castro delegara casi todo el
poder en su hermano, y a cuatro de que éste tomara oficialmente las
riendas del gobierno, se han apagado los más encendidos optimismos en
cuanto al posible inicio de una etapa de transformaciones para el avance
económico en Cuba. Mucho menos puede haber ilusiones en lo referente a
libertades y derechos ciudadanos.
Envuelto en su aureola de "hombre pragmático" —basada en la iniciativa
aplicada en los años 90, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR), de formar empresas de capital mixto a partir de
la participación de la elite militar "confiable" en actividades
económicas de recaudación de divisas: complejos turístico-hoteleros,
tiendas, restaurantes, etc.—, el General Raúl Castro ha devenido otra
expectativa rota para quienes aspiraban a alguna apertura económica,
aunque fuese moderada, con una mayor intervención de los cubanos de a
pie, así como para los que pensaron que dicha apertura conduciría a un
levantamiento gradual de las numerosas restricciones que anulan o
restringen cualquier posibilidad de prosperidad ciudadana.
Cuatro años son usualmente el tiempo con el que cuenta el presidente de
una sociedad democrática para desarrollar un programa de gobierno y
demostrar su eficacia y capacidad al frente de una nación, período
durante el cual la disminución del índice de pobreza y la creación de
empleos suelen ser objetivos permanentes y dos de los indicadores más
importantes de los avances de cada administración. En Cuba, sin embargo,
tras ese período de tiempo no solo no existe un programa de gobierno
público con plazos y términos debidamente establecidos, sino que la mera
promesa de un vaso de leche diario para cada cubano resulta un desafío
económico insoluble para el gobierno, existe una demonización expresa de
la prosperidad de los individuos refrendada en una guerra abierta contra
"el enriquecimiento", y han sido oficialmente anunciados los despidos a
plazos para más de 1.300.000 trabajadores. Ningún gobierno de una
sociedad libre podría sobrevivir a semejantes despropósitos.
El calamitoso estado socioeconómico hizo que en su momento el
general-presidente lanzara su muy repetida frase de "introducir cambios
estructurales y de concepto", un golpe de efecto tanto para distraer la
opinión pública como para ilusionar incautos. Se trata en realidad de
una estrategia de distracción que permite a la elite gobernante, más que
mejorar la situación o generar beneficios sociales, ganar lo que los
cubanos seguimos perdiendo: el tiempo. Un discurso aparentemente
reformista para disfrazar una retrógrada y retorcida política económica
y la nula intención de introducir cambios.
Así, en los últimos dos años se llevó adelante la mascarada aperturista
a través de la proliferación de timbiriches, a la vez que se ha
pretendido legitimar un estado de experimentación permanente —tanto en
la economía como en cuestiones inherentes al derecho ciudadano— que por
una parte justifica la lentitud de la aplicación de las llamadas
"reformas" mientras, por otra, otorga al gobierno la impunidad, la
gracia de la eternidad y el arbitraje presente y futuro sobre cada
espacio de la vida nacional, sea en la economía, en la política o en
cualquier nicho de la sociedad.
Contra las 'reformas'
De todas formas hubo algún jubileo puntual. El General en persona se
encargó de asegurar que esta vez no habría retroceso con el tema del
trabajo por cuenta propia, como había ocurrido tras la "flexibilización"
de los años 90. Nadie debía temer, el cuentapropismo raulista venía para
quedarse. Es más, había que dejar de discriminar al trabajo por cuenta
propia y reconocer la dignidad del esfuerzo individual. Al calor de los
planes económicos de los pequeños negocios familiares como paliativo a
la miseria nacional, los trabajadores por cuenta propia parecían haberse
convertido en los revolucionarios del momento.
Y, en efecto, fue apenas el espejismo de un momento, porque pronto se
hizo evidente que algunos negocios familiares, pese a estar en desigual
y desleal competencia con el Estado, no solo se sostenían, sino que
resultaban más atractivos que sus similares del sector estatal. Muchos
vendedores de ropa, calzados y accesorios tienen mejores precios, así
como mayor calidad y variedad en sus productos, los que —en ausencia de
un mercado mayorista interno— son enviados por sus familiares desde el
extranjero. Algunos particulares incluso ofrecen artículos que no se
comercializan en las tiendas recaudadoras de divisas. En los
restaurantes privados ocurre algo similar: los dueños de estos negocios
reciben desde el exterior productos e insumos que no pueden adquirir en
el país, o cuyo precio en el mercado nacional resulta prohibitivo. Como
consecuencia, y toda vez que los beneficios dependen del esfuerzo
propio, la calidad de la comida y de los servicios en los restaurantes
privados es muy superior a la de los restaurantes estatales.
La reacción oficial demuestra que el retroceso de las "reformas" no solo
es posible, sino inherente al sistema. Las recientes disposiciones que
incluyen el aumento de los aranceles aduanales contra las importaciones
y las exageradas medidas higiénico-sanitarias sobre el sector
gastronómico particular (no así sobre los mugrientos establecimientos
estatales), se suman a otros lastres que viene arrastrando el
cuentapropismo, como son las abusivas tasas impositivas y la corrupción
de inspectores y otros funcionarios, entre otras. Como agravante, el
trabajo por cuenta propia sigue siendo constitucionalmente ilegal, pues
hasta la fecha no se ha derogado el artículo 21 de la Constitución, que
establece que "la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo
personal o familiar no pueden ser utilizados para la obtención de
ingresos mediante la explotación de trabajo ajeno". Es una coyuntura que
permite a las autoridades dar marcha atrás o detener el proceso "hasta
tanto se realicen los ajustes legales pertinentes".
En el momento actual la entrega de licencias para el trabajo por cuenta
propia se ha ralentizado en grado sumo, mientras la devolución de
licencias otorgadas se ha acelerado. Todo indica que el cuentapropismo
resultó una tarea demasiado ancha para los controles estatales y un
horizonte demasiado estrecho para las aspiraciones de prosperidad de
muchos de los protoempresarios que eligieron esa vía como posible.
Ahora la más reciente de las propuestas raulistas es la "innovación" más
antigua del mundo, que se aplicará próximamente "de manera experimental"
en Cuba: las cooperativas no estatales. Lo cual, por supuesto, no debe
entenderse literalmente como cooperativas independientes del Estado. Tal
iniciativa se ampara en la amnesia histórica inducida que sufre la
población cubana, habida cuenta que antes de 1959 existían en la Isla
numerosas cooperativas independientes: de taxistas, de gastronómicos, de
variadísimos oficios y hasta de médicos y abogados, que funcionaban
perfectamente. ¿A qué experimentar lo que se conoce y cuya eficacia está
más que demostrada? Sin dudas, se trata de otra estafa que se añade a la
lista de las socorridas reformas.
El 'modelo' cubano y la 'renovación' que no será
Todos hemos escuchado al general-presidente hablar de "el modelo cubano"
cuando de economía se trata. "Renovar" ese "modelo" ha sido su hoja de
ruta, la columna vertebral de su ¿programa? de gobierno refrendado en un
cúmulo de lineamientos que ya casi nadie recuerda.
Sin embargo, pocos cubanos podrían sustantivar dicho concepto. ¿Qué
elementos avalan la existencia de un modelo económico en Cuba? ¿Acaso
los numerosos (innumerables) fracasos económicos derivados de los
descabellados planes de Castro I, artífice indiscutible de la ruina
nacional? ¿El récord de pasar en medio siglo de los primeros lugares al
penúltimo puesto en este Hemisferio, solo superados en miseria por
Haití? La corrupción galopante, la ineficiencia crónica, la
insuficiencia de los salarios, las trabas y el inmovilismo son los
rasgos distintivos más apropiados para definir un "modelo cubano". Y en
tal caso, ¿qué sentido tendría renovarlo? ¿Queda algo salvable en el
supuesto modelo? Es una pregunta retórica.
La contradicción esencial que enfrenta hoy el gobierno estriba en la
imposibilidad de lograr avances económicos o impulsar reformas
reprimiendo a la vez las libertades individuales. El carácter
totalitario del sistema no permite movilidad alguna; esa es la lección
que ha aprendido el gobierno en estos cuatro años. La que han aprendido
los cubanos es que no habrá verdaderas reformas generadas desde la
iniciativa gubernamental, aunque todavía no han madurado todas las
condiciones para que las propuestas de cambios se generen desde los
ciudadanos. Al gobierno solo le va quedando la represión como método de
supervivencia. A los cubanos solo les queda la disyuntiva de crecerse o
emigrar. No habrá salida a la crisis en Cuba mientras no se cumplan en
primer lugar los Pactos de Derechos Humanos firmados por este propio
gobierno en febrero de 2008 y nunca ratificados, pero correspondería a
los propios cubanos que dicha firma no se convirtiera en otro papel
mojado. La única renovación posible y eficaz en la Cuba actual es la
recuperación de la sociedad civil, la restauración del Estado de Derecho
y la democracia.
http://www.diariodecuba.com/opinion/13094-el-general-las-reformas-y-el-mito-de-la-renovacion-del-modelo
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