Las reformas raulistas no están bien orientadas

Cambios, Reformas, Raúl Castro

Las reformas raulistas no están bien orientadas
Se requieren cambios significativos para desechar las prácticas y leyes
vigentes que impiden, entre otros, la propiedad privada y el
funcionamiento apropiado de los mercados
Rolando H. Castañeda, Washington DC | 04/09/2013 3:01 am

Recientemente sostuve un intercambio de opiniones con Carmelo Mesa Lago
sobre la importancia de las reformas socioeconómicas raulistas en la era
revolucionaria en CubaEncuentro y en la reunión anual de la Asociación
para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE). Mesa Lago sostiene que las
reformas raulistas son las más importantes de la era revolucionaria, en
cambio yo considero que hasta ahora no lo son porque no incluyen
reformas generales (institucionales-legales) o macroeconómicas como las
adoptadas por Fidel Castro en los años 1990. Entonces, en 1992, se
modificó incluso la constitución política para promover la inversión
extranjera, el turismo y las remesas, así como se adoptó el CUC, los que
han desempeñado importantes papeles en la economía en los últimos 20
años. En este sentido coincido con las expresiones de Miguel Díaz-Canel
y Marino Murillo quienes indican que las reformas difíciles aún no se
han realizado.
En el presente artículo presento otra diferencia sustantiva con Mesa
Lago porque considero que postula incorrectamente que las reformas
sectoriales y microeconómicas están bien orientadas. En 2011 el gobierno
determinó reducir las nóminas infladas o trabajadores redundantes de las
empresas estatales y la burocracia pública para compensar su
empobrecedor efecto y aumentar la productividad y los salarios.
Asimismo, para disponer de mayores recursos públicos para la inversión,
a fin de superar la obsolescencia tecnológica del acervo de capital, y
mantener el gasto social.
Esta es una decisión correcta de política pública. Lo que es erróneo, y
no está bien orientado, es pretender que en las condiciones vigentes
para la ampliación del cuentapropismo en las 184 actividades
autorizadas, brindar tierras agrícolas en usufructo y convertir a las
pequeñas y medianas empresas estatales en cooperativas se pueda absorber
a los trabajadores redundantes requeridos y se genere una dinámica
virtuosa de expansión económica sostenible. El despedido de los
trabajadores redundantes y la absorción de trabajadores en las nuevas
actividades son interdependientes. Sin embargo, las excesivas
limitaciones, regulaciones, trámites burocráticos y elevados impuestos a
las tres promisorias actividades comentadas están asfixiando el
significativo intento, mantienen las condiciones para la corrupción y
determinan que los resultados de las reformas sean limitados, lentos y
atrapados en inconsistencias.
Cuba requiere cambios institucionales y legales significativos como los
que adoptó con la modificación constitucional de 1992 para desechar las
prácticas institucionales y las leyes vigentes que impiden la propiedad
privada, el emprendimiento individual y asociativo, y el funcionamiento
apropiado de los mercados. Desde la nefasta ofensiva revolucionaria del
13 de marzo de 1968 se eliminaron la pequeña y mediana empresa privada,
la contratación privada de empleados y se le otorgaron excesivos poderes
a la burocracia estatal propios del socialismo real, los cuales
posteriormente se elevaron a condición constitucional en 1976 y desde
entonces obstaculizan la expansión del sector privado (no estatal). Las
reformas raulistas todavía tienen como base el viejo esquema de la
propiedad estatal y la centralización y el control de la economía del
socialismo real; las nuevas regulaciones, leyes e impuestos aún son muy
restrictivos. No hay un nuevo pensamiento estratégico de cómo hacer la
transición del sistema económico centralizado e ineficiente imperante a
otro sistema más descentralizado, eficiente, inclusivo y sin tantos
entorpecedores controles.
Las cooperativas son asociaciones voluntarias manejadas directa y
democráticamente por sus socios para mejorar sus condiciones económicas.
En cambio en Cuba tanto las UBPC, o cooperativas agrícolas establecidas
a partir de 1993, como las más recientes cooperativas de servicios se
han constituido por decisión gubernamental y están muy controladas y
regimentadas, lo que determina su rigidez estructural y funcional. Sus
actividades están sujetas a elevados impuestos, pagos por servicios
públicos (electricidad, agua, etc.), alquileres por las instalaciones y
contribuciones a la seguridad social. Parece ser un cambio para recaudar
impuestos en vez de promover mayor producción y empleo como la Isla
requiere.
En esas condiciones el establecimiento de las UBPC no resolvió el
problema agropecuario de Cuba ya que las fuerzas productivas quedaron
atrapadas en la rigidez y las limitaciones de las normas y controles
vigentes, por lo que no se estimuló el emprendimiento ni el esfuerzo
individual o asociativo. El nivel del producto agropecuario real de 2012
(1.786 millones de pesos) fue similar al que había 16 años antes en 1996
(1.781 millones de pesos), el 50 % de las tierras estaban ociosas y
cubiertas de marabú en 2007 y hay una elevada importación de alimentos
de unos $2.000 millones anuales.
En 2013 el gobierno no estimuló el emprendimiento en las pequeñas y
medianas empresas estatales de servicios y prefirió retornar al
fracasado experimento de las UBPC. En la forma planteada las nuevas
cooperativas de servicios son básicamente una medida dirigida a aumentar
las recaudaciones y a deshacerse de actividades que el Estado no puede
gestionar ni administrar bien en vez de lograr el propósito central de
mejorar la iniciativa, flexibilidad y la productividad de ellas. Y de
esa forma facilitar el aumento de los salarios reales y la productividad
en las restantes empresas estatales, así como generar recursos públicos
para la inversión y hacer sostenible el gasto social.
El gobierno brindó tierras en usufructo sujetas a muchas restricciones
que después ha venido liberalizando lentamente para alentar mayores
resultados. Entre ellas ampliar el plazo y la extensión de las tierras
otorgadas en usufructo, la autorización de construir viviendas e
instalaciones en ellas, etc. Sin embargo, dado el historial de la
revolución, no se debe esperar que los agricultores privados que, según
las estadísticas de la ONE, han mostrado consistentemente una mayor
productividad que los trabajadores estatales agrícolas, tomen decisiones
de realizar inversiones y mejoras permanentes en las tierras a menos que
el gobierno les de garantías y seguridades sobre su disponibilidad en el
futuro.
Cuba ha invertido mucho en la educación y tiene una elevada proporción
de la fuerza laboral en técnicos y profesionales. Lo más sensato
socialmente sería permitirles desempeñarse como tales en los servicios
personales, lo que aumentaría la disponibilidad nacional de bienes y
servicios con base en su esfuerzo e iniciativa y frenaría la creciente
emigración del capital humano que en 2012 fue la mayor desde 1994.
Es resumen es necesario que el gobierno cubano reoriente bien sus
reformas brindando una base institucional y jurídica similar a la que le
otorgó a la inversión extranjera en 1992. Tiene que liberalizar y
desburocratizar las tres áreas comentadas. Darle garantías a los
pequeños agricultores, permitir a las pequeñas y medianas empresas
estatales que se puedan transformar en pequeñas y medianas empresas
privadas o en cooperativas autónomas reales, y ampliar las actividades
de los cuentapropistas a nuevas actividades de mayor valor agregado. De
lo contrario, el sector privado, o no estatal como se le insiste en
designar, carecerá de la capacidad de absorber a los empleados
redundantes de las empresas estatales. Por consiguiente, el gobierno
deberá modificar su plan de cambios en forma pragmática y realista para
hacerlas de mayor calado y ayudar a la economía a enfrentar una cada vez
más probable disminución de la ayuda venezolana. Se requiere alentar
mayor iniciativa, independencia, protagonismo, gestión y libre
asociación y cooperación a las fuerzas productivas privadas, lo que
además constituirá un incentivo para atraer inversión extranjera que
enfrentan empresas estatales ineficientes y tienen que suplirla de
alguna forma.

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