Ofensiva anticorrupción en Cuba apunta contra figuras de poder

Ofensiva anticorrupción en Cuba apunta contra figuras de poder
En la isla 75% de los negocios estatales están controlados por militares
Hasta $91 millones perdió el Estado cubano en el sonado caso de corrupción
FRANK LÓPEZ BALLESTEROS | EL UNIVERSAL
domingo 5 de octubre de 2014 12:00 AM

La ofensiva anticorrupción en Cuba está pesando sobre figuras
importantes vinculadas al poder en ese país, a pesar de que tuvieron
nexos durante años con el Gobierno.

Durante años los hermanos Castro, que gobiernan la isla de 1959,
colocaron a militares en los principales puestos políticos, en
ministerios y en empresas del Estado, por lo que conocen a quien otorgan
contratos y beneficios especiales.

Este viernes un tribunal de la isla condenó a penas de hasta 20 años de
cárcel a tres empresarios canadienses y 14 funcionarios cubanos
involucrados en corrupción que según el Gobierno provocó pérdidas al
fisco por 91 millones de dólares.

No es el único caso en el que Cuba sienta en el banquillo a empresarios
extranjeros y funcionarios locales, pero sí deja un precedente tras la
aprobación en marzo pasado de la Ley de Inversión Extranjera, mediante
la cual La Habana busca atraer capital foráneo.

La adaptación del modelo económico que impulsa Raúl Castro desde 2008
coronó su modernización con esta ley, mediante la cual el Estado se
desprende de su vinculación en solitario con diversos sectores.

Las condenas recientes contra la corrupción apuntan a enviar un mensaje
para evitar que el pago de sobornos o el tráfico de influencias se
conviertan en una práctica habitual e institucionalizada en una nación
en la que el Estado controla 80% de la economía y ahora busca
"liberalizar sus negocios".

Entre los condenados este viernes está Vahe Cy Tokmakjian, presidente de
la sucursal en La Habana de Tokmakjian Group Inc, un empresa de
repuestos y otras ramas industriales ligadas al turismo y transporte que
durante años se congració con funcionarios del régimen para ganar
contratos y cometer actos de corrupción, según la acusación oficial.

En ese mismo proceso fue condenado a 20 años de prisión el
exviceministro cubano del Azúcar, Nelson Labrada, y a entre seis y 12
años un grupo de exfuncionarios cubanos y empleados de diversos sectores
de la empresa canadiense.

Los detalles del proceso revelan en esencia que el empresario canadiense
manejó tráfico de influencia y comisiones para beneficiarse de negocios
estatales, un delito que el Gobierno viene combatiendo desde hace
tiempo, buscando así acabar con la "cultura del soborno".

En un país donde militares controlan 75% de las industrias, según
expertos, los sueldos de civiles alcanzan un máximo de 30 dólares y los
extranjeros tienen más derechos que los cubanos a la hora adquirir
bienes y servicios, el soborno pareciera haberse convertido en el arma
más fiable para obtener beneficios empresariales, que a la luz de la
sentencia el Gobierno quiere evitar.

Con la creación en 2009 de la Contraloría General de la Nación, muchos
casos de corrupción salieron al aire y poco a poco generales,
empresarios y extranjeros han sido acusados, aunque hasta el momento hay
pocos "peces gordos" del poder tras las rejas.

Un caso sonado fue el de Miguel Álvarez, principal colaborador del ahora
expresidente del Parlamento Ricardo Alarcón, del que se supo que hasta
2012 usó su influencia en sectores como el turismo para que ejecutivos
extranjeros se beneficiaran con negocios estatales.

La caída en desgracia del canadiense Tokmakjian obligará a Cuba a ser
más transparente en sus procesos anticorrupción, siendo un arma de doble
filo que puede comenzar a ahuyentar a futuros inversionistas que no se
ven protegidos en un sistema en el que el Estado tendrá siempre la
última palabra.

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