Paso atrás en la entrega de tierras

Paso atrás en la entrega de tierras
Empresas estatales están desalojando a productores que reanimaron áreas
abandonadas
Miércoles, abril 5, 2017 | Osniel Carmona Breijo

LA HABANA, Cuba.- Luego de seis años haciéndolas producir, un grupo de
usufructuarios de La Habana y Mayabeque tendrán que devolver las tierras
que pertenecen a empresas estatales o que suscitan interés para sus
actividades.

Según significaron varios de los afectados, "de momento" solo quedarán
exentos de las devoluciones aquellos que ocupan tierras anexadas a las
cooperativas agrícolas.

Las tierras en usufructo se comenzaron a entregar durante el 2010, en
medio de un plan dirigido a impulsar las producciones agrícolas en pos
de mejorar los índices de suficiencia alimentaria y disminuir las
importaciones. La iniciativa, a la vez, tuvo entre sus premisas la
recuperación de tierras ociosas e invadidas por la vegetación.

Al igual que otras formas de convenios en el ramo, los agricultores
están legalmente obligados a vender con precios módicos el 70 por ciento
de las producciones al Estado.

A finales de febrero, denuncian algunos de los agricultores en riesgo de
perder los suelos de donde subsisten, con el apoyo de las delegaciones
provinciales de la cartera las empresas dieron el ultimátum para que los
usufructuarios cultiven las cosechas en marcha y efectúen las
devoluciones, las cuales deberán realizarse antes de concluir el año.

De acuerdo con Raimundo Mosquera, las empresas de Pecuaria y Cultivos
Varios llevan a cabo la mayoría de las reclamaciones de parcelas.

"No hay forma de apelar. Te meten la velocidad y no importa si tienes
contrato o no, o cuántos sacos de viandas les hayas entregado. Te la
quitan y ya", dijo Mosquera, quien el mes pasado se vio obligado a
devolver las tierras que trabajaba en el municipio Boyeros, al sur de La
Habana.

En octubre pasado comenzaron las acciones para recuperar las tierras.
Testimonios dados por agricultores afectados señalan que las empresas
recurren a las autoridades policiales para expulsar a usufructuarios que
se niegan a entregarlas.

Edgar López Cardoso, del municipio Boyeros, destacó que los campesinos
fueron desplazados en momentos donde no tenían cultivos plantados, pero
sí con suelos en proceso de preparación.

"Mandar a arar una hectárea cuesta unos mil pesos, y a eso se le añaden
otros mil por cruzarla. Luego más dinero por rastrillarla, surcarla,
etcétera. Nada de eso se tiene en cuenta a la hora del mazazo, la gente
está perdiendo las inversiones, que a veces es lo único que poseen y lo
sueltan apostando a progresar en un futuro", acotó López.

Amplía que los agricultores que rechazan cancelar los contratos de
usufructo, grupo en el cual se encuentra, fueron avisados de la
posibilidad de recibir multas de hasta 5 mil pesos antes de que las
autoridades intervengan para ocupar las tierras.

Solicitando anonimato por temor a sufrir nuevas represalias, un
agricultor relata que los desalojos son ejecutados con maquinarias de
las empresas con el apoyo de agentes del orden.

"Traen los tractores y barren con las siembras, con los cercados, con
las casas de madera que se levantan para guardar los instrumentos e
insumos, y para guarecerse", indicó el campesino, quien además deberá
abonar una multa de 1 800 pesos. "En un ratico miras como desbaratan el
negocio que te llenaba la barriga".

Entre las causas que llevaron a poner tierras estatales en manos
privadas, destaca la inefectividad de las empresas gubernamentales para
hacerlas producir al máximo.

Informaciones oficiales reflejan que en el periodo 2010-2013, lapso
donde se comenzó potenciar la entrega de usufructos, el desempeño de la
agricultura estatal lograba cubrir una tercera parte del consumo
nacional. El resto de los alimentos procedían de las importaciones.

En 2012 la producción de frijoles, uno de los alimentos básicos en la
dieta de los cubanos, apenas llegaba a 20 mil toneladas de las 100 mil
que demandaba el consumo. En contraste, concluido el año 2015 las
importaciones por el mismo concepto habían disminuido en un cincuenta
por ciento.

La recogida de las tierras "alquiladas" supone un paso atrás en base a
este diseño de recuperación agrícola, sin embargo, reflejan los
agricultores que los verdaderos afectados son los usufructuarios que
recibieron tierras fuera de cualquier forma de explotación.

De tal modo, los campesinos exigidos por la medida devolverán en óptimas
condiciones para producir los suelos que en su momento obtuvieron
ocupados por basureros o marabuzales.

Ignacio Ramos Valdés, usufructuario del municipio Melena del Sur en la
provincia Mayabeque, refiere que un alto por ciento de esas tierras es
propiedad de las empresas de Pecuaria, la cual no tiene permitido hacer
concesiones de usufructo o cesión, pero al calor del contexto de manera
ejecutiva entregó contratos a particulares.

Dichos terrenos, expone Ramos, estaban destinados a la siembra de
alimento animal, o al pastoreo, pero los desatendieron y con el tiempo
quedaron inutilizables.

"Por eso fue que los dieron a producir a la gente, y ahora que están
limpios y generando toneladas de viandas, los quieren de vuelta", dijo.

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