Las reformas raulistas no están bien orientadas

Cambios, Reformas, Raúl Castro



Las reformas raulistas no están bien orientadas

Se requieren cambios significativos para desechar las prácticas y leyes

vigentes que impiden, entre otros, la propiedad privada y el

funcionamiento apropiado de los mercados

Rolando H. Castañeda, Washington DC | 04/09/2013 3:01 am



Recientemente sostuve un intercambio de opiniones con Carmelo Mesa Lago

sobre la importancia de las reformas socioeconómicas raulistas en la era

revolucionaria en CubaEncuentro y en la reunión anual de la Asociación

para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE). Mesa Lago sostiene que las

reformas raulistas son las más importantes de la era revolucionaria, en

cambio yo considero que hasta ahora no lo son porque no incluyen

reformas generales (institucionales-legales) o macroeconómicas como las

adoptadas por Fidel Castro en los años 1990. Entonces, en 1992, se

modificó incluso la constitución política para promover la inversión

extranjera, el turismo y las remesas, así como se adoptó el CUC, los que

han desempeñado importantes papeles en la economía en los últimos 20

años. En este sentido coincido con las expresiones de Miguel Díaz-Canel

y Marino Murillo quienes indican que las reformas difíciles aún no se

han realizado.

En el presente artículo presento otra diferencia sustantiva con Mesa

Lago porque considero que postula incorrectamente que las reformas

sectoriales y microeconómicas están bien orientadas. En 2011 el gobierno

determinó reducir las nóminas infladas o trabajadores redundantes de las

empresas estatales y la burocracia pública para compensar su

empobrecedor efecto y aumentar la productividad y los salarios.

Asimismo, para disponer de mayores recursos públicos para la inversión,

a fin de superar la obsolescencia tecnológica del acervo de capital, y

mantener el gasto social.

Esta es una decisión correcta de política pública. Lo que es erróneo, y

no está bien orientado, es pretender que en las condiciones vigentes

para la ampliación del cuentapropismo en las 184 actividades

autorizadas, brindar tierras agrícolas en usufructo y convertir a las

pequeñas y medianas empresas estatales en cooperativas se pueda absorber

a los trabajadores redundantes requeridos y se genere una dinámica

virtuosa de expansión económica sostenible. El despedido de los

trabajadores redundantes y la absorción de trabajadores en las nuevas

actividades son interdependientes. Sin embargo, las excesivas

limitaciones, regulaciones, trámites burocráticos y elevados impuestos a

las tres promisorias actividades comentadas están asfixiando el

significativo intento, mantienen las condiciones para la corrupción y

determinan que los resultados de las reformas sean limitados, lentos y

atrapados en inconsistencias.

Cuba requiere cambios institucionales y legales significativos como los

que adoptó con la modificación constitucional de 1992 para desechar las

prácticas institucionales y las leyes vigentes que impiden la propiedad

privada, el emprendimiento individual y asociativo, y el funcionamiento

apropiado de los mercados. Desde la nefasta ofensiva revolucionaria del

13 de marzo de 1968 se eliminaron la pequeña y mediana empresa privada,

la contratación privada de empleados y se le otorgaron excesivos poderes

a la burocracia estatal propios del socialismo real, los cuales

posteriormente se elevaron a condición constitucional en 1976 y desde

entonces obstaculizan la expansión del sector privado (no estatal). Las

reformas raulistas todavía tienen como base el viejo esquema de la

propiedad estatal y la centralización y el control de la economía del

socialismo real; las nuevas regulaciones, leyes e impuestos aún son muy

restrictivos. No hay un nuevo pensamiento estratégico de cómo hacer la

transición del sistema económico centralizado e ineficiente imperante a

otro sistema más descentralizado, eficiente, inclusivo y sin tantos

entorpecedores controles.

Las cooperativas son asociaciones voluntarias manejadas directa y

democráticamente por sus socios para mejorar sus condiciones económicas.

En cambio en Cuba tanto las UBPC, o cooperativas agrícolas establecidas

a partir de 1993, como las más recientes cooperativas de servicios se

han constituido por decisión gubernamental y están muy controladas y

regimentadas, lo que determina su rigidez estructural y funcional. Sus

actividades están sujetas a elevados impuestos, pagos por servicios

públicos (electricidad, agua, etc.), alquileres por las instalaciones y

contribuciones a la seguridad social. Parece ser un cambio para recaudar

impuestos en vez de promover mayor producción y empleo como la Isla

requiere.

En esas condiciones el establecimiento de las UBPC no resolvió el

problema agropecuario de Cuba ya que las fuerzas productivas quedaron

atrapadas en la rigidez y las limitaciones de las normas y controles

vigentes, por lo que no se estimuló el emprendimiento ni el esfuerzo

individual o asociativo. El nivel del producto agropecuario real de 2012

(1.786 millones de pesos) fue similar al que había 16 años antes en 1996

(1.781 millones de pesos), el 50 % de las tierras estaban ociosas y

cubiertas de marabú en 2007 y hay una elevada importación de alimentos

de unos $2.000 millones anuales.

En 2013 el gobierno no estimuló el emprendimiento en las pequeñas y

medianas empresas estatales de servicios y prefirió retornar al

fracasado experimento de las UBPC. En la forma planteada las nuevas

cooperativas de servicios son básicamente una medida dirigida a aumentar

las recaudaciones y a deshacerse de actividades que el Estado no puede

gestionar ni administrar bien en vez de lograr el propósito central de

mejorar la iniciativa, flexibilidad y la productividad de ellas. Y de

esa forma facilitar el aumento de los salarios reales y la productividad

en las restantes empresas estatales, así como generar recursos públicos

para la inversión y hacer sostenible el gasto social.

El gobierno brindó tierras en usufructo sujetas a muchas restricciones

que después ha venido liberalizando lentamente para alentar mayores

resultados. Entre ellas ampliar el plazo y la extensión de las tierras

otorgadas en usufructo, la autorización de construir viviendas e

instalaciones en ellas, etc. Sin embargo, dado el historial de la

revolución, no se debe esperar que los agricultores privados que, según

las estadísticas de la ONE, han mostrado consistentemente una mayor

productividad que los trabajadores estatales agrícolas, tomen decisiones

de realizar inversiones y mejoras permanentes en las tierras a menos que

el gobierno les de garantías y seguridades sobre su disponibilidad en el

futuro.

Cuba ha invertido mucho en la educación y tiene una elevada proporción

de la fuerza laboral en técnicos y profesionales. Lo más sensato

socialmente sería permitirles desempeñarse como tales en los servicios

personales, lo que aumentaría la disponibilidad nacional de bienes y

servicios con base en su esfuerzo e iniciativa y frenaría la creciente

emigración del capital humano que en 2012 fue la mayor desde 1994.

Es resumen es necesario que el gobierno cubano reoriente bien sus

reformas brindando una base institucional y jurídica similar a la que le

otorgó a la inversión extranjera en 1992. Tiene que liberalizar y

desburocratizar las tres áreas comentadas. Darle garantías a los

pequeños agricultores, permitir a las pequeñas y medianas empresas

estatales que se puedan transformar en pequeñas y medianas empresas

privadas o en cooperativas autónomas reales, y ampliar las actividades

de los cuentapropistas a nuevas actividades de mayor valor agregado. De

lo contrario, el sector privado, o no estatal como se le insiste en

designar, carecerá de la capacidad de absorber a los empleados

redundantes de las empresas estatales. Por consiguiente, el gobierno

deberá modificar su plan de cambios en forma pragmática y realista para

hacerlas de mayor calado y ayudar a la economía a enfrentar una cada vez

más probable disminución de la ayuda venezolana. Se requiere alentar

mayor iniciativa, independencia, protagonismo, gestión y libre

asociación y cooperación a las fuerzas productivas privadas, lo que

además constituirá un incentivo para atraer inversión extranjera que

enfrentan empresas estatales ineficientes y tienen que suplirla de

alguna forma.



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Opinión - Cuba Encuentro" -

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