España asesora a Cuba en la gestión de impuestos

España asesora a Cuba en la gestión de impuestos
Dos funcionarios de La Habana recibieron adiestramiento en julio en la
Agencia Tributaria
JUAN JESÚS AZNAREZ Madrid 31 AGO 2015 - 22:19 CEST

España colabora en la transición de Cuba hacia una economía con mayor
presencia del sector privado asesorando en la gestión de los impuestos
abonados por el medio millón de autónomos registrados desde 2010. Dos
funcionarios de la Administración Tributaria del país caribeño viajaron
a Madrid en el mes de julio para recibir adiestramiento en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de España (AEAT). Los tipos
impositivos son protestados por los emprendedores cubanos, que los
consideran excesivos.

Los dos funcionarios de la Oficina de Administración Tributaria de Cuba
(ONAT) viajaron a España para conocer las pautas españolas de control
del contribuyente. Un mes antes, otra delegación cubana había recibido
información en Madrid sobre la regulación del sector agroalimentario,
fundamental en la isla, que importa 2.000 millones de dólares (1.785
millones de euros) en alimentos, pero pretende multiplicar la producción
interna para ahorrar divisas. La formación recibida servirá para afinar
en la isla el diseño de la carga tributaria aplicada a las cooperativas
privadas y al casi medio millón de autónomos registrados desde que el
Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó el trabajo por cuenta propia en 2010.

Remando contracorriente porque la picaresca y el desvío de recursos, los
robos al Estado, son prácticas arraigadas en Cuba, su Gobierno pretende
que la población entienda que la probidad y el pago de impuestos son
deberes sociales que financian las gratuidades dispensadas por el
Estado. Pero como la ciudadanía en todo el mundo acostumbra a ser
desobediente y mentirosa, y poco dispuesta purificarse, el
ennoblecimiento de las conciencias tributarias es coercitivo. Al haberse
inventado en España muchos de los embustes contables detectados en la
isla, la AEAT asesora en el manejo del polígrafo fiscal: en la gestión,
inspección y recaudación de impuestos.

Transición económica
La transición económica de una nación con los medios de producción en
manos del Estado es compleja. Pretende conjugar progreso, beneficios y
justicia tributaria en una sociedad donde el rápido aumento de la
capacidad adquisitiva de decenas de miles contrasta con las apreturas de
los hogares asalariados en pesos, limitado acceso al dólar y sin
familiares en el extranjero dispuestos a echarles una mano. No
sorprende, por tanto, el malabarismo oficial para evitar las afrentas
ideológicas y los agravios comparativos entre los 11,5 millones de
nacionales.

Con los ojos como mangos al leer las etiquetas de venta de dos Peugeot
206 y 508, 67.000 y 234.000 euros respectivamente, los cubanos agolpados
en los concesionarios oficiales, no parecían entender que los
prohibitivos precios de hace un año constituían, de hecho, un teorizante
impuesto al lujo, un valladar. Las liberalizaciones comienzan a
traducirse en el surgimiento de nuevos ricos y desigualdades antes
inexistentes pero inevitables cuando el modelo económico, obligado a la
creación de riqueza, se aleja de las tesis marxistas para adentrarse en
estructuras de perfil capitalista.

El Gobierno fomenta los negocios privados y el cooperativismo con
medidas modernizadoras, entre ellas la banca electrónica para facilitar
tramitaciones, pero paralelamente se aprueban restricciones que acotan
el enriquecimiento excesivo. Las jactancias de algunos pavoneándose con
móviles iPhone 6, ropas de marca y consumos suntuarios, exasperan en los
ámbitos refractarios a transformaciones que rompen esquemas en una
nación con medio siglo de igualitarismo y centralización.

En mayo, los trabajadores por cuenta propia eran 504.613, según cifras
oficiales. La carga tributaria sobre ellos es demasiado elevada y
desalienta, según quienes se sienten ahogados. Los autónomos cubanos
pagan hasta el 50% de los ingresos anuales superiores a 2.000 dólares,
cuando el promedio latinoamericano ronda el 27%, según el economista
Lorenzo Pérez, exfuncionario del FMI.

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