La insoportable levedad de los precios en Cuba
Por Armando Soler Hernández/ HABLEMOS PRESS.
LA HABANA.- Uno de los comentarios más usuales del pueblo cubano se
refiere a la carestía de la vida: "¡Los precios no bajan!".
Este emerge con monótona secuencia en las Asambleas de Rendición de
Cuentas (miembros del CDR con los delegados), y más aun en las
conversaciones cotidianas pero, sobre todo, se vuelve una agresión
concreta cuando el ciudadano común se ve obligado a adquirir alimentos
que complementen la magra cuota racionalizada que el Estado entrega
mensualmente a precios subvencionados.
Este suministro, apenas alcanza para cubrir unos pocos días del mes. El
resto, que equivale a un 70-80% del gasto mensual en alimentos, las
personas lo ganan a través de los desmesurados precios de la oferta
privada, el mercado para-estatal o el cada vez más creciente mercado negro.
Después de años de una tímida política de liberalización del comercio
privado y de otras limitadas formas en el ejercicio de la propiedad, los
resultados acumulados son frustrantes. Pese al aumento de la compraventa
de alimentos, aunque no del surtido, la variedad o la calidad, hay
alarmantes señales de que algo no va bien, de que un obstáculo de por sí
insalvable, se vuelve una carga aplastante. Y todo señala hacia la
desmesurada injerencia del Estado en el equilibrio natural entre la
oferta y la demanda.
Los resultados son palpables para cualquiera con algo de memoria. Mes
tras mes, la oferta y los precios que emergen se distancian uno de otro,
tanto en el ámbito legal como en el que no lo es. Esa deriva provoca una
disparidad insufrible para el bolsillo del consumidor.
Sin dudas, puede haber motivaciones de codicia entre los vendedores,
sobre todo particulares que llevan el trigo a su molino. Más eso no
explica todo este fenómeno en abrumador progreso. El Estado hace énfasis
aparente en no intervenir en las diarias transacciones privadas entre el
vendedor y el consumidor, pero de hecho, ¿es así? La sensación que
trasmite el arbitrio estatal a través de sus instrumentos represivos y
cuerpos de inspectores es el de una guerra sorda y permanente contra la
iniciativa privada.
El comerciante que legaliza su negocio particular se expone a ser un
blanco constante de esta presión. Atraviesa una madeja burocrática
expresamente formada para impedirle aumentar su capital. Esto no es
casual. La consecuencia es una permanente sensación de provisionalidad.
Además, devela la sospecha de una intención ya conocida del poder, de
que en algún momento ideal del futuro, dar fácil marcha atrás a todas
estas frágiles medidas de liberalización. Ya ocurrió antes, y pese a
todas las garantías que se emiten en el presente, no hay un peso
determinante en la sociedad civil que lo pueda impedir.
Entretanto, a los miembros de esta tribu emprendedora no se le facilitan
productos básicos ni materia prima con precios accesibles que permitan
una ganancia y ofertar a un precio más bajo. Los impuestos son excesivos
para una empresa que comienza y que requirió un gasto de inversión
inicial que toda esta presión, y la ya citada sensación de
provisionalidad generalizada que genera, impulsan a querer recuperar lo
invertido en el menor tiempo posible y con pocos escrúpulos.
El impacto de esta lucha sorda del régimen militar que gobierna Cuba y
una débil, incipiente, desorganizada y en asedio sociedad civil,
repercute directamente en precios y costos. También tener una moneda
parásito de la divisa fuerte extranjera con un cambio fijo e inamovible
por más de veinte años. Y a esta fatal ecuación se puede sumar el alto
costo del combustible, que no disminuye pese a que el barril está a
menos de $40.00 dólares en el mercado internacional.
Además, este creciente incremento del costo de la vida crea las
condiciones que abren el camino a cada vez más robo, corrupción,
difusión y crecimiento del mercado negro. Nadie escapa voluntaria o
involuntariamente a la espiral inflacionista y al final, está el inerme
consumidor de a pie.
No es rara la sensación diaria de sentirse estafado, esquilmado, burlado
en cualquier transacción que una persona corriente se ve obligada a
cubrir con su ingreso. Podrá haber un pequeño sector de la población que
reciba subsidios periódicos de algún familiar en el exilio, que a su vez
le permita pasar el mes un poco más desahogado. Mas la inmensa mayoría
no se beneficia sino indirecta y parcialmente de esas entradas.
Las seguridades insignia del sistema imperante en Cuba, la salud y la
educación gratuitas, además de que realmente no lo son porque buena
parte de su costo lo cubre el salario que no le llega en el sobre al
mayoritario de la fuerza laboral que trabaja para el patrón Estado,
crean un manto ficticio de bienestar general que no pasa de ser un
espejismo.
Por los anuncios rimbombantes que a diario se hacen en los medios de
comunicación estatales, el país parecería moverse hacia algún sitio
milagroso de prosperidad. Firmas de miles de acuerdos con otras
naciones, supuestas e incontables propuestas de inversión de capital
extranjero, proyectos macro-nacionales como motores de crecimiento
espectacular, sorprendentes anuncios de incrementos de índices
económicos superiores a los bajísimos y discutibles acumulados en años
recientes, incluso más elevados que los del área geográfica que nos rodea.
Pero nada de eso incide directamente en disminuir un ápice la presión
que aumenta a diario sobre los individuos corrientes. La masa de
ancianos, que se acerca al 20% de la población, y los niños, son los que
más sufren esta insensatez.
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