Latifundistas de nuevo tipo
El gobierno de la Isla ha convertido la propiedad agraria en uno de los
problemas irresueltos de la nación.
Dimas Castellanos, La Habana | 11/08/2008
"¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir!"; expresó
enfáticamente el presidente del Consejo de Estado, en la clausura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 11 de julio. Para ello,
dijo, muy pronto se dictarán "las disposiciones legales para iniciar la
entrega 'en usufructo de tierras ociosas' a quienes estén en condiciones
de ponerlas a producir de inmediato". Una semana después se publicó con
ese fin el Decreto Ley 259.
La disposición, aunque responde a razones coyunturales, toca uno de los
problemas raigales e irresueltos de la nación.
Repaso histórico
El proceso de diversificación de la propiedad rural, iniciado en el
siglo XVI —primero entre peninsulares y después entre criollos—, sufrió
un giro en el siglo XIX, debido al auge de la producción azucarera, que
agrupó en grandes latifundios más de la mitad de la tierra cultivable
del país. Un fenómeno tan negativo para la conformación de la nación no
fue ignorado por el pensamiento más progresista en la Isla.
En 1808, el Obispo Espada elaboró un proyecto basado en una economía que
se sustentaba en la pequeña y mediana propiedad. José Antonio Saco, en
1832, en Análisis de una obra sobre Brasil, planteó la conversión de la
plantación esclavista en pequeñas parcelas agrícolas. Francisco de
Frías, Conde de Pozos Dulces, planteó en 1857: "Cuba debiera ser por
excelencia la patria de la pequeña propiedad y de los cultivos en escala
menor", y llamó a constituir la pequeña propiedad agrícola.
Posteriormente, Enrique José Varona defendió la pequeña propiedad y el
fomento de una clase media nacional. En opinión de Varona, "la
inestabilidad que atravesaba Cuba desde un siglo atrás se basaba en su
estructura económica: al principio, los cubanos tenían la tierra y, por
tanto, la riqueza agrícola, pero no el poder político; con la Guerra
Grande, el cubano perdió esa supremacía económica y no adquirió el poder
político; con la Guerra del 95 obtuvo ese poder, pero no pudo recuperar
su potencia económica".
Por su parte, José Martí condensó la idea de la propiedad agraria en una
sola frase: "Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios".
Gracias a las órdenes militares 34 y 62, emitidas durante la ocupación
norteamericana, el latifundismo continuó su crecimiento. Dichas órdenes
permitían a las compañías de ferrocarril y a los inversionistas
estadounidenses adquirir tierras para la construcción del camino de
hierro, así como para el fomento de centrales y colonias azucareras.
En respuesta, Manuel Sanguily presentó en 1903 un proyecto de ley ante
el Senado para impedir nuevas ventas de tierras a extranjeros.
Finalmente, la Constitución de 1940 proscribió el latifundio, limitó a
las compañías extranjeras en la adquisición de tierras y adoptó medidas
para revertir la tierra al cubano. Sin embargo, las leyes
complementarias para hacerlas efectivas nunca se dictaron y todo quedó
como una muestra de buenas intenciones.
En el alegato La historia me absolverá, Fidel Castro planteaba conceder
la propiedad de la tierra a todos los colonos, subcolonos,
arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de cinco o
menos caballerías. Ese proyecto tomó forma de ley en la Sierra Maestra,
en octubre de 1958. Luego, con la Primera Ley de Reforma Agraria, de
mayo de 1959, el 40,2% de la tierra cultivable pasó a ser propiedad del
Estado, y con la Segunda Ley de Reforma Agraria, de octubre de 1963, las
tierras estatales se elevaron hasta el 70%. De esa forma, el proceso
anunciado en La historia me Absolverá terminó concentrando en grandes
propiedades estatales un volumen de tierras superior a la que se propuso
distribuir.
Dos limitaciones
Casi medio siglo después, en medio de una crisis interna estructural y
de otra externa, debido al elevado costo de los alimentos, el Estado ha
dictado el Decreto Ley 259 para la entrega de "tierras ociosas en
usufructo". ¿Es esa la respuesta al viejo problema de la propiedad
agraria o sólo el primer paso de un largo camino a recorrer? Si es lo
primero, seguiremos en el estancamiento; si lo segundo, entonces se
impone señalar al menos dos de sus limitaciones.
1) Si se reconoce la incapacidad del Estado para hacer producir la
tierra —en nueve años el área cultivable se redujo en una tercera
parte—, y se califica la producción de alimentos como problema de máxima
seguridad nacional, entonces, distribuir las tierras ociosas puede tener
sentido sólo como un primer paso, pues si los productores privados son
capaces de hacerlas producir, la medida, por razones puramente
económicas, debe ser extensible a cualquier área cultivable del país.
2) El usufructo —derecho a disfrutar de un bien ajeno— no va a la raíz
del problema. ¿Por qué si las tierras en manos del Estado devienen
ociosas, quien las hace producir no puede poseerlas como propietario?
¿Cuál es la razón, al margen de las ideologías, para que el incapaz sea
dueño y el capaz usufructuario? Además, si se acepta que "todas son
formas de propiedad y producción que pueden coexistir armónicamente,
pues ninguna es antagónica con el socialismo", ¿por qué los productores
no pueden ser propietarios? La única justificación sería declarar que la
propiedad, en manos de los productores, es incompatible con el
socialismo, lo que significaría que el sistema está diseñado para los
desposeídos de propiedad, lo que implica la necesidad de un
suprapropietario: el Estado.
Lo anterior demuestra la complejidad y la importancia vital del problema
de la propiedad agraria en la Isla, un mal que va desde los latifundios
coloniales hasta los socialistas, con el consiguiente daño a la
producción del ramo y a la formación de un empresariado nacional. Un
problema de esta naturaleza, que afecta a todos, debe pasar por el
debate entre los ciudadanos, comenzando por los trabajadores del campo,
quienes seguramente tienen mucho que decir.
http://www.cubaencuentro.com/es/cuba/articulos/latifundistas-de-nuevo-tipo-102659
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