Nuevo impuesto irrita a cubanos
By WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald
La imposición de un gravamen a los cubanos que trabajan para empresas
extranjeras y reciben gratificaciones en divisas, ha provocado la
suspensión de varias reuniones con representantes gubernamentales en
medio de una avalancha de agrias protestas de los afectados.
La ola de inconformidad parece haber erosionado la posición de Gilda
Cuesta, presidenta de la Agencia de Contratación a Representaciones
Comerciales (ACOREC S.A.), quien fue destituida de su cargo el pasado
miércoles, según fuentes vinculadas a ese organismo.
''Ella [Cuesta] renunció al cargo, ya eso se comenta por acá, aunque
algunos dicen que la destituyeron'', afirmó un empleado de la Cámara de
Comercio de Cuba que pidió el anonimato.
Según los testimonios obtenidos por El Nuevo Herald, la salida de Cuesta
se produjo como consecuencia de un polémico seminario sobre la
Resolución 277/2007 del Ministerio de Finanzas y Precios, realizada el
pasado sábado en el Teatro Nacional de La Habana.
Desde hace años, varias denuncias internas apuntaban a Cuesta y al
vicepresidente de ACOREC, Manuel Barceló, por tráfico de influencias y
subastas de puestos laborales violando los reglamentos establecidos.
''Fue una reunión bien caliente'', relató un participante. ``La gente no
quiere dejarla pasar [la medida], porque lo ve como algo humillante''.
Las protestas contra los funcionarios y las medidas gubernamentales
fueron respaldadas por aplausos de los asistentes.
No se ha confirmado si la segunda parte del seminario --fijado para
mañana-- llegue a realizarse.
Por el momento, una reunión convocada con similares propósitos por la
corporación de comercio y servicios CUBALSE fue cancelada esta semana.
La dinámica laboral de la isla establece que sus ciudadanos deben ser
contratados de manera obligatoria por agencias estatales como ACOREC y
CUBALSE, únicas autorizadas para reclutar personal cubano. Las empresas
extranjeras pagan entonces al Estado en pesos convertibles (un CUC
equivale a $1.08), pero los contratados reciben su salario en pesos
cubanos (21 por cada $1).
El impuesto que impone la resolución 277 gravaría anualmente a aquellas
personas que reciben gratificaciones monetarias por parte de sus
empleadores extranjeros. La medida implica una declaración jurada de los
beneficiados, que deberán presentarla ante la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT).
Los gravámenes pueden oscilar entre el 10 y el 50 por ciento de la
gratificación recibida.
El economista disidente Oscar Espinosa Chepe consideró ayer que ``las
reuniones colectivas para la aplicación del impuesto no están saliendo
nada bien''.
''Hay mucho disgusto entre la gente'', comentó Espinosa Chepe. ``Es algo
esencialmente injusto por parte del Estado... ¿Qué más va a exigirles
este Estado a sus ciudadanos?''
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