El sector cooperativo ante los incumplimientos e impagos
La dimensión de los impagos en la agricultura es realmente alarmante y
puede convertirse en un factor explosivo por su magnitud
Elías Amor Bravo, Valencia | 14/12/2011
Sin duda alguna, uno de los problemas más graves de la economía
castrista es el incumplimiento generalizado de las normas contractuales.
Fenómeno que es única y exclusivamente atribuible al régimen económico
instaurado con el triunfo de la llamada "revolución", cuando se
consagraron dos principios social comunistas que han resultado nefastos
para la economía de Cuba: la abolición de la propiedad privada y su
corolario de que la propiedad es de todos, y el hecho constatado de que
siempre habrá alguien por encima de todo, que será el que tome las
decisiones finales.
Este incumplimiento generalizado de contratos perjudica de forma
especial a la agricultura, como se señala en un artículo publicado en el
portavoz oficial del gobierno, Granma, y cito textualmente,
"producciones contratadas 'en papeles' que no se les compran luego a los
campesinos, empresas que no efectúan los pagos —con los productos ya en
sus almacenes— después de vencido el tiempo fijado para su liquidación,
de la misma forma que hay productores que no cumplen sus compromisos y
utilizan paquetes tecnológicos en otros menesteres", todo ello, agrava
los problemas de la agricultura cubana.
Conviene señalar, para comenzar, que no se puede aceptar que la primacía
del contrato verbal sea la causa de este fenómeno de incumplimientos. Mi
abuelo, un comerciante asturiano que llegó a Cuba con la temprana de
edad de 14 años a comienzos del siglo XX para labrarse un porvenir, y al
que la llamada "revolución" confiscó sin más todos sus bienes y
pertenencias, me decía siempre que la palabra dada, el apretón de manos,
tenía fuerza de ley. Así funcionaron Cuba y su economía durante la
primera mitad del siglo XX, llegando a alcanzar los mayores niveles de
prosperidad económica y bienestar material de América Latina. En aquella
sociedad de emprendedores, los incumplimientos eran mínimos, y existía
un ordenado sistema jurídico y legal que regulaba las relaciones
contractuales por tribunales de justicia profesionales e independientes.
Quien puso fin a ese modelo fue la llamada "revolución" con su
palabrería demagógica y sueños de grandeza devenidos en pesadillas.
Ahora, medio siglo después, quieren poner solución al problema, pero no
será tan fácil.
No lo será porque para ello hay que reconducir a la economía hacia un
marco racional y ordenado de derechos de propiedad, actualmente
inexistentes por la primacía absoluta del Estado. Además, en los
"lineamientos" ya se han encargado de dejar bien claro que Cuba seguirá
siendo socialista, al menos con los Castro en el poder. Luego ya se verá.
Pero vayamos a lo que nos interesa. Para que los contratos se cumplan
hace falta que la propiedad privada se garantice jurídicamente, se
respete el derecho a poseer los activos por los individuos privados y se
faciliten los mecanismos de crecimiento de la riqueza nacional en manos
de los agentes privados. Esa relación entre derechos de propiedad y
respeto de las normas contractuales existe en prácticamente todos los
países del mundo que no comparten el modelo económico de base
estalinista imperante aún en Cuba.
La propiedad privada supone la existencia de un derecho real sobre el
que se pueden establecer acuerdos cuyo compromiso es fundamental para
las partes porque hay mucho en juego. Cuando esa propiedad es de todos,
o es pública (equivale a lo mismo), el nivel de compromiso decae y
volúmenes de productos a contratar, los precios, las formas y el plazo
para efectuar el pago, entran a formar parte de un gracioso algoritmo
cuya violación continuada se convierte en el principal atractivo de la
relación contractual. Esa ausencia de una regulación precisa de los
derechos de propiedad hace que los gestores de esa propiedad de todos
aumenten las "violaciones, la irresponsabilidad, la falta de sentido de
pertenencia".
¿Por qué el castrismo no se pregunta por qué sus amigos chinos y
vietnamitas ya han instaurado plenamente la propiedad privada, como base
de sus florecientes economías?
No podemos menos que dar toda la razón a Orlando Lugo, presidente de la
ANAP, cuando dice que "es necesario mantener una estricta disciplina en
el cumplimiento de los contratos para evitar consecuencias peores". Sin
embargo, lo que está haciendo su organización para ayudar a resolver el
problema es poco, más bien nada, y además, está mal diseñado.
Para empezar, la ANAP, si realmente está preocupada por el problema, no
debería trabajar con el Gobierno en la solución sirviendo como correa de
transmisión del poder, sino tratar de plantear al ejecutivo comunista
una línea de acción procedente de las demandas de los cooperativistas
que integran la Asociación, que saben muy bien lo que hace falta. Ese
trabajo de la ANAP en colaboración con el MINAG para diseñar "políticas
y procedimientos para la contratación de la producción agropecuaria y
forestal, que entrarán en vigor a partir del 2012, así como, una
modificación a la Resolución 353, del Ministerio de Finanzas y Precios,
que estipula los precios de los productos a contratar", es perder el
tiempo, y no va a servir para atajar realmente los problemas. Y Lugo
seguro que sabe que es así porque me consta que muchos cooperativistas
están de acuerdo en que el problema está en la falta de derechos de
propiedad privada estables y bien definidos.
No se resuelve el problema de los incumplimientos con "normas más duras
y castigos", porque eso precisamente lo que hará es aumentar el
beneficio asociado a esas actividades. La planificación, a la que tanto
admiran en el régimen castrista, es papel mojado para regular las normas
contractuales, cuyo cumplimiento depende de múltiples y complejos
factores que escapan a cualquier planificador, por muy competente que sea.
El incumplimiento de contratos además es como cuando "la bola pica y se
extiende", y afecta a los impagos, fenómeno desconocido hasta ahora. El
agravamiento de los problemas financieros que afectan a la economía
castrista desde 2007 lleva a muchas empresas estatales a incumplir
sistemáticamente sus compromisos con los agricultores, responsabilizando
al órgano superior (la delegación hacia arriba de responsabilidades) de
la falta de numerario para realizar los pagos. El hecho de que no existe
propiedad privada limita la capacidad de endeudamiento de la economía, y
los productores ya mostraron sus quejas en la ANAP, lo que llevó a un
acuerdo inicial de fijar en 30 días los plazos de pago. Poco útil,
cuando el problema es la falta estructural de recursos financieros por
una economía improductiva e ineficiente que está tocando su límite
inferior. Este año, por ejemplo, el crecimiento ha sido del 2,7 % del
PIB inferior al 3 % planeado.
Ni siquiera operaciones más sofisticadas, como el llamado "fondo
reenvolvente", que consistía en una suma de dinero depositada por el
Estado en el Banco para que aquellas empresas deficitarias de flujo de
caja solicitaran un crédito y pudieran comprarles a los campesinos, ha
servido para agilizar los pagos. La descapitalización de las empresas y
la ausencia de derechos de propiedad, vuelven a gravitar sobre la
posibilidad de endeudamiento en un sistema financiero muy rudimentario,
como es el castrista.
Tampoco ha funcionado el "pago por factura" mecanismo mediante el "cual
la empresa y la cooperativa legalizaban una firma por cada parte, y
ambas se registraban en el Banco. Entonces la empresa hacía una factura
por el valor de la compra al productor o a la cooperativa, y la persona
autorizada iba a la sucursal bancaria, a hacer efectivo el dinero".
Ahora el problema se presentaba con el Banco, que finalmente se quedaba
con las deudas en una escalada sin precedentes de ineficiencia.
La dimensión de los impagos en la agricultura es realmente alarmante y
puede convertirse en un factor explosivo por su magnitud. Según datos
oficiales, en el mes de octubre pasado existían alrededor de 6 millones
de CUP correspondientes a cuentas por pagar en este sector, equivalentes
a casi un 10 % del valor del PIB de la economía, lo que indica que el
sector agrario cooperativo está actuando como financiero de las
dificultades de numerario del régimen, sin que ello suponga mejora
alguna de su situación para los 400 mil campesinos y 3.500 cooperativas,
una fuerza sin duda relevante dentro de cualquier escenario de reparto
democrático y plural de poder.
Inmersos en reuniones burocráticas de conciliación de impagos en los
consejos provinciales y en el obsesivo cumplimiento de los llamados
"lineamientos", el sector de las cooperativas no acaba de calcular, o
tal vez no puede, o no quiere, su poder real y efectivo para influir en
los cambios que realmente necesita la economía castrista hacia la
propiedad privada y el mercado. Bajo ese modelo, el sector cooperativo
podría funcionar en condiciones mucho mejores que las actuales, y con
reglas del juego democrático, su capacidad para influir en la arena
política sería muy relevante. Que tomen nota.
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