La trata de cubanos

La trata de cubanos
[21-11-2012]
Miguel Sales Figueroa

(www.miscelaneasdecuba.net).-El envío de mano de obra especializada para
realizar trabajos remunerados en el extranjero es hoy una de las
principales fuentes de ingreso e influencia política del gobierno de
Cuba. La Habana alquila profesionales, desde cirujanos hasta espías y
soldadores navales, a docenas de países, sobre todo en África y América
Latina. Es difícil determinar la cuantía exacta de este negocio. Las
estadísticas que las autoridades cubanas proporcionan no son fiables y
el asunto está envuelto en la opacidad que suele caracterizar a los
regímenes del socialismo real.

La emigración de personal cualificado no plantearía problemas jurídicos
y morales si se tratara de personas que, motu proprio, hubiesen decidido
trasladarse al extranjero por razones familiares o en busca de nuevos
horizontes profesionales. Pero en este caso se trata de una política
sistemática de exportación y explotación de seres humanos, a los que
primero se les proporciona formación académica (supuestamente gratuita),
luego se les prohíbe viajar porque han realizado estudios superiores
(salvo autorización previa y en condiciones especiales) y por último se
les ofrece un puesto remunerado en otro país (adonde casi nunca podrá
acompañarles su familia).

La clave del sistema está en el beneficio económico que percibe el
régimen de La Habana. A estos profesionales se les asigna un salario
nominal en dólares, acordado entre las autoridades cubanas y el país
anfitrión. El gobierno de Cuba cobra la totalidad del importe y les
entrega a los trabajadores y sus familias una fracción, que la mayoría
de las veces no llega ni a la quinta parte del total. La plusvalía
restante pasa a las arcas del Estado, sin que se aclare muy bien por qué
concepto cobra esta gabela.

Esta política vulnera los derechos de los profesionales y sus familias
al violar varios pactos y tratados internacionales que Cuba ha suscrito
en el marco de las Naciones Unidas. En particular, conculca los
principios que proclaman los artículos 13 y 23 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948 (sobre el derecho a entrar y salir
libremente del país y a percibir igual salario por trabajo igual), los
acuerdos sobre el tráfico de personas, el Convenio contra la esclavitud
de 1926, que condena la servidumbre de la gleba (obligación de prestar
determinados servicios, sin libertad para cambiar de condición), y
diversos pactos auspiciados por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre la protección del salario y la prohibición del
trabajo forzoso como método de movilización y utilización de la mano de
obra con fines de fomento económico.

Estas prácticas son consecuencia directa del ordenamiento jurídico de la
isla, donde la violación de los derechos individuales no es
circunstancial, sino que está enquistada en las propias leyes. Según la
Constitución cubana, sólo los derechos colectivos son legítimos y tienen
absoluta prioridad. El Estado, dueño de vidas y haciendas, es el único
derechohabiente posible. Y resulta que el Estado está en manos de la
dirigencia del partido único, que detenta el poder y monopoliza la
riqueza a su antojo.

Quienes logran escapar de este sistema de explotación neoesclavista, que
tan pingües beneficios les reporta a los jerarcas de La Habana, rara vez
acuden a los tribunales internacionales a reclamar sus derechos y exigir
que el gobierno cubano les devuelva el dinero indebidamente confiscado.
El miedo, la familia que quedó en la isla, la dificultad de emprender
una nueva vida en el exilio, el alto costo de los trámites judiciales:
todo conspira para mantener en funcionamiento la maquinaria de
exportación y aprovechamiento de los profesionales cubanos.

Sin embargo, cualquier demanda judicial de los perjudicados por esa
política podría lograr el respaldo de diversas agrupaciones del exilio y
tendría muchas probabilidades de prosperar ante la OIT y otras
instancias. Sería un primer gesto para iniciar la recuperación de la
soberanía personal de 11 millones de súbditos, hasta ahora ninguneada
con el pretexto de la soberanía nacional. Y sin duda marcaría el
principio del fin de la trata de cubanos.

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=37747