Reclamaciones mutuas de Cuba y EEUU entorpecen las relaciones

Reclamaciones mutuas de Cuba y EEUU entorpecen las relaciones

Deben solucionarse reclamaciones por cientos de miles de millones de
dólares antes de levantar el embargo
Cuando falta un año para la salida de Obama de la presidencia, y con la
economía cubana en picada, no queda mucho tiempo
¿Es posible que las demandas lo hundan todo?
NORA GÁMEZ TORRES Y GLENN GARVIN
ggarvin@MiamiHerald.com

Enfrentados al obstáculo de dar solución a casi seis décadas de
reclamaciones y contrarreclamaciones financieras que ascienden a cientos
de miles de millones de dólares, diplomáticos de Estados Unidos y Cuba
decidieron la semana pasada echar mano a la respuesta más socorrida de
su profesión: acordaron volver a tratar el tema, tomaron sus maletines y
se marcharon.

El rápido y aparentemente improductivo final del primer día de
negociaciones sobre las reclamaciones no sorprendió a los expertos,
quienes dicen que las dificultades de llegar a un arreglo son tanto
difíciles como complejas, quizás más que el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas el año pasado, que exigió 18 meses de
conversaciones secretas, el complicado canje de espías e incluso una
intervención divina—o, al menos, del Papa.

Pero el aparente desinterés de ambas partes en establecer un cronograma
acelerado para las negociaciones —se limitaron a convenir en algún
momento del primer trimestre del 2016— desconcertó a muchos observadores.

"No queda mucho tiempo para encontrar una solución", dijo Mauricio
Tamargo, abogado de Arlington, Virginia, y ex jefe de la comisión del
gobierno estadounidense que manejó las reclamaciones financieras por
propiedades confiscadas en Cuba.

"Al gobierno del presidente Obama le queda un año. Y la economía cubana
sufre un alto grado de deterioro desde que Venezuela eliminó los
subsidios. La única razón por la que Cuba está dispuesta a negociar es
porque han perdido todo el dinero que les daba Venezuela".

Sin una solución a las reclamaciones, será prácticamente imposible que
Estados Unidos y Cuba comercien en términos normales, porque el embargo
no puede levantarse hasta que se satisfagan unas 6,000 reclamaciones de
empresas y personas estadounidenses por valor de unos $8,000 millones.

Y aunque algunos analistas dicen que el presidente Barack Obama pudiera
tener cierto espacio de maniobra jurídica para aliviar el embargo sin la
aprobación del Congreso, no puede negociar los $3,000 millones en fallos
judiciales contra Cuba a favor de ciudadanos norteamericanos que alegan
que sus familiares fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del
gobierno cubano.

"A menos que esos fallos se paguen, será como una ley de empleo pleno
para los abogados en Estados Unidos" , dijo Nicolás Gutiérrez, asesor
jurídico de Miami que trabaja en reclamaciones al gobierno de Cuba.
"Cada vez que un avión cubano aterriza en un aeropuerto de Estados
Unidos, o un barco cubano atraca en puerto estadounidense, habrá un
abogado listo con sus documentos para incautarlo".

El gobernante Raúl Castro, menos constreñido por medidas legislativas,
fallos judiciales o la opinión popular, parecería estar menos atado de
manos en cualquier negociación. Pero Castro, quien alega que Estados
Unidos le debe a La Habana $302,000 millones en daños y perjuicios por
concepto del embargo económico y agresiones como la invasión de Bahía de
Cochinos, tiene sus propios problemas.

Se calcula que sólo el 5 por ciento de los activos económicos
confiscados por el gobierno cubano eran de ciudadanos estadounidenses.
Así que pagar esas reclamaciones estadounidenses sería una luz verde
para otras reclamaciones procedentes de otras partes del mundo, entre
ellas las de más de un millón de cubanos que viven en el exilio.

Eso no es una amenaza hipotética: Gutiérrez es el representante en
Estados Unidos de una empresa de Barcelona, 1898 Compañía de
Recuperaciones Patrimoniales en Cuba, que está inscribiendo clientes
españoles que buscan pagos del gobierno cubano. (Aunque España liquidó
sus reclamaciones contra Cuba en 1986, algunos tribunales españoles han
fallado que el acuerdo no era de cumplimiento obligatorio). Y como
España considera español a cualquier persona con un abuelo de ese país,
muchos cubanos cuyas propiedades fueron confiscadas podrían ser
elegibles para inscribir sus demandas allí.

Incluso los observadores más optimistas piensan que las diferencias
políticas a ambos lados del Estrecho de la Florida dificultarán el tema
de las reclamaciones. Y dicen que será imposible un acuerdo si un
republicano llega a la Casa Blanca en noviembre del 2016.

"Técnicamente, es posible llegar a un acuerdo en 12 meses", dijo Richard
E. Feinberg, alto funcionario encargado de la política latinoamericana
en el gobierno de Bill Clinton y autor de un estudio del Brookings
Institution sobre las reclamaciones de propiedades, publicado la semana
pasada por esa entidad. "En la primera reunión, las dos partes presentan
sus argumentos iniciales, sus posturas más estrechas. Y ahí comienzan
las negociaciones.

Ahora tenemos que ver en la próxima ronda si las dos partes son más
creativas y tratan de buscar un terreno común".

Las reclamaciones de propiedades están en la raíz de las hostilidades de
larga data entre Cuba y Estados Unidos. Algunas granjas propiedad de
estadounidenses fueron las primeras propiedades privadas confiscadas
cuando Fidel Castro tomó el poder en enero de 1959. Durante los 18 meses
siguientes, los dos gobiernos tomaron medidas punitivas económicas, el
uno contra el otro.

La situación llegó a su mayor intensidad en julio de 1960 cuando una ley
cubana autorizó la confiscación de todos los activos económicos en la
isla con participación mayoritaria de estadounidenses: tres meses
después, el gobierno del presidente Eisenhower prohibió la venta de
todos los productos procedentes de EEUU, excepto alimentos y medicinas,
a la isla.

Y como las leyes norteamericanas por lo general prohíben demandar a
gobiernos extranjeros en tribunales estadounidenses, las compañías que
perdieron propiedades en las confiscaciones sólo podían acudir a la
Comisión Federal para la Solución de Reclamaciones en el Extranjero.

Para 1972, cuando la Comisión dejó de aceptar reclamaciones, había
documentado casi 6,000 y les había fijado un valor de unos $1,900
millones. Con el interés del 6 por ciento que la Comisión impuso a las
reclamaciones impagas, la cifra se ha disparado a $8,000 millones.

Pero esa cifra de $8,000 millones pudiera reducirse. Por una parte, los
reclamantes tienen que mantener la continuidad de ciudadanía, es decir:
si una compañía estadounidense que perdió una fábrica pasó después a
manos de un alemán, esa continuidad se interrumpe. Y puesto que nadie ha
actualizado los archivos de la comisión de reclamaciones desde 1972, no
se sabe cuántas reclamaciones son válidas en este momento.

También es posible que incluso las reclamaciones válidas puedan
liquidarse por menos de su valor nominal. Los negociadores del
Departamento de Estado que se reunieron con sus contrapartes cubanos la
semana pasada en La Habana tienen la autoridad legal de concretar
soluciones vinculantes. Y el estudio del Brookings Institution señaló
que que en algunas reclamaciones anteriores contra gobiernos comunistas,
la Comisión transó por mucho menos: 10 centavos por cada dólar en
propiedades estadounidenses confiscadas por la Unión Soviética, 39
centavos por dólar en China y 45 centavos en otros países de Europa
Oriental. En algunos casos no se pagó interés.

Por otra parte, Vietnam pagó el 100 por ciento del capital y 80 por
ciento de los intereses en las reclamaciones en su contra, y Alemania
pagó 100 por ciento del capital y 50 por ciento de los intereses.

El estudio del Brookings Institution también sugiere otras soluciones,
como pagar 100 por ciento de las reclamaciones menores de individuos
—unas 5,000 por un valor relativamente pequeño de $229 millones, sin
intereses— a la vez que se ofrece a las 900 reclamaciones empresariales
de envergadura (que tienen un valor de unos $1,680 millones sin
intereses) acuerdos de negocios exclusivos o propiedades en Cuba.

Ahora está por verse si la oportunidad de hacer negocios en Cuba –que a
pesar de haber dado algunos pasos hacia la propiedad privada y las
prácticas de libre mercado es, en lo fundamental un país comunista–
resulta atractiva para las empresas, dicen muchos observadores.

"El gobierno cubano pudiera ofrecer alternativas a la compensación",
dijo Tamargo. "Eso es concebible, es posible, se puede hacer si los
cubanos están dispuestos. El problema son las salvaguardas y garantías
para los inversionistas estadounidenses. Tiene que existir respeto a los
procesos legales establecidos y derechos de propiedad en Cuba, que en
estos momentos no existen".

Y aunque el Departamento de Estado pudiera negociar una compensación
menor para las reclamaciones certificadas , no tiene autoridad sobre
otra clase de reclamaciones: los daños y perjuicios otorgados en fallos
contra Cuba por actos terroristas.

El Congreso creó en 1996 una brecha en la prohibición a las demandas de
ciudadanos estadounidenses contra gobiernos extranjeros. En respuesta al
aumento de los casos de asesinato y secuestro de norteamericanos por
parte de terroristas, el Congreso autorizó a las víctimas a demandar en
los tribunales a cualquier gobierno en la lista de estados
patrocinadores del terrorismo que compila el Departamento de Estado, que
en ese momento incluía a Cuba.

Una docena de estadounidenses —muchos de ellos del sur de la Florida—
presentaron demandas, y como Cuba se ha negado a defenderse en los
tribunales norteamericanos, la mayoría ganaron fallos de envergadura,
que llegan a $1,100 millones en el caso de Gustavo Villoldo,
distribuidor de General Motors en La Habana, quien se suicidó en 1959
después que el gobierno cubano le confiscó todas sus propiedades.

Algunos de los primeros fallos se pagaron con dinero que la telefónica
AT&T y otras compañías estadounidenses le debían a la empresa telefónica
cubana y que estaban en un fondo en fideicomiso. Pero ese dinero se
acabó y todavía faltan por pagar $3,000 millones.

"No creo que existe forma alguna en que el presidente o el poder
ejecutivo pueda echar atrás esos fallos", dijo Joseph DeMaria, abogado
de Miami que ha trabajado en varias de las primeras demandas presentadas
a tenor con la nueva disposición dobre terrorismo. "Eso sería una ley de
cancelación de derechos", una ley que penaliza a alguien sin juicio, una
práctica que está proscrita específicamente en la Constitución de
Estados Unidos.

Los fallos por daños y perjuicios, si no se pagan, pudieran llevar a una
especie de guerra de guerrillas jurídica contra cualquier tipo de
comercio futuro entre Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado
ya ha tenido que ayudar a crear un complicado sistema para proteger a
las empresas agrícolas estadounidenses que venden sus productos a Cuba,
gracias a una de las exenciones al embargo, para evitar que se
conviertan en objetivo de los abogados que tratan de cobrar demandas.

Por ejemplo, en casos normales una compañía que envía un cargamento de
arroz a Cuba desde Nueva Orleans pudiera firmar el título de propiedad
de la mercancíaantes de que el barco saliera del puerto. Pero ante el
temor de que el arroz (o el dinero que Cuba haya pagado por el
cargamento) sea confiscado por un abogado con un fallo judicial no
pagado, las empresas norteamericanas tienen que enviar el arroz sin el
título de propiedad , y entonces cobrar con una carta de crédito de Cuba
en un banco español, que está fuera del alcance de las leyes
estadounidenses.

"Abogados listos ya le han confiscado a Cuba un par de aviones en
Estados Unidos, y el gobierno de la isla ha tenido que estar alerta",
dijo el abogado DeMaria. "Cuando establecieron una nueva compañía
telefónica, se aseguraron que los propietarios oficiales eran de
Francia, España y otros países, para que no les confiscaran el dinero
otra vez".

Algunos abogados prevén demandas a empresas estadounidenses que traten
de hacer negocios con Cuba y que sin darse cuenta hagan uso de
propiedades norteamericanas confiscadas.

"Eso es equivalente a traficar propiedades robadas", dijo Tamargo, "y
los estadounidenses, a sabiendas o no, lo hacen todo el tiempo. Una de
las instalaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana
se construyó sobre una propiedad confiscada. Igual sucede con buena
parte del Puerto del Mariel, así como la Bahía de La Habana, de hecho,
todos los puertos importantes de la isla. Así que cuando alguien viaja a
Cuba o realiza actividades comerciales allí, en mi opinión, está
traficando propiedades estadounidenses robadas".

Source: Reclamaciones mutuas de Cuba y EEUU entorpecen las relaciones |
El Nuevo Herald -
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