Y ahora qué?

Agricultura
¿Y ahora qué?

El gobierno anuncia la enésima reorganización en la venta de productos
agrícolas, sin ceder protagonismo a la actividad privada.

Oscar Espinosa Chepe, La Habana | 19/06/2009

Si algo se ha reorganizado muchas veces en los 50 años de supuesta
revolución, ha sido el acopio y la comercialización de los productos
agrícolas, sin que posteriormente se hayan apreciado resultados positivos.

Recientemente se anunció que en agosto se pondrá en marcha una nueva
estructura, inicialmente en las provincias de Ciudad Habana y La Habana,
y la actividad comercializadora en su conjunto será atendida en adelante
por el Ministerio de Comercio Interior, en lugar del Ministerio de la
Agricultura, el cual se encargará únicamente de la producción.

Los problemas del sector agropecuario no sólo han consistido en bajos
rendimientos e irracionalidad en la gestión productiva, sino también en
la comercialización de las cosechas, que muchas veces se pierden en los
campos por no ser recogidas, o deficiencias en la transportación y el
almacenamiento. Incluso, la mayoría de los productos acopiados llegan al
consumidor después de atravesar diversas peripecias, con ínfima calidad,
oferta que la población debe admitir por no haber otra, a pesar de los
altos precios.

Los factores que han incidido en esta problemática están ligados a una
mentalidad burocrática, que hace imposible que algo pueda funcionar bien
en cualquier sector de la economía, pero mucho menos cuando se trata de
productos agropecuarios perecederos, que responden a los caprichos de la
naturaleza y de un mercado volátil para el que hay que dar respuestas
rápidas y eficientes, porque de lo contrario todo se pierde.

En contraste, los mecanismos comercializadores estatales siempre se han
regido por la inflexibilidad, la falta de interés y una mentalidad
dogmática, ajena a las necesidades de la agricultura; enmarcados en
prohibiciones y cortapisas lesivas a la ágil búsqueda de soluciones.

Ha existido una madeja de limitaciones, obligaciones y, sobre todo, de
sistemas de precios sin la flexibilidad requerida para la compra de las
cosechas y la venta al consumidor, que desalientan a los productores y
ocasionan enormes pérdidas, al constituir una barrera infranqueable para
adaptar la gestión comercializadora a un contexto tan cambiante como el
agropecuario.

El acopio estatal se ha caracterizado por incumplimientos en las
recogidas de los productos o la tardanza en hacerlo. Las excusas para
justificar esta situación son innumerables, cuando no ha habido
transporte, han faltado las cajas, y cuando no el combustible, y así
sucesivamente. Muchas veces, como han reconocido organizaciones
oficiales como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP),
las entidades de Acopio ha ido a colectar sin pesas y en ocasiones han
demorado meses en pagar a los agricultores.

La política del absurdo

Por otra parte, mirando la actividad de venta de los productos
agropecuarios a la población, se observan también significativos niveles
de ineficiencia con esquemas inflexibles, basados en controlar
estatalmente actividades que funcionarían mejor si respondieran a
intereses privados o a cooperativas formadas voluntariamente, que
pudieran trabajar atendiendo a los requerimientos del mercado, con plena
libertad para fijar los precios a la mayoría de los productos y evitar
que se descompongan, como tradicionalmente ha sucedido.

Otra alternativa a las dificultades actuales sería permitir,
especialmente en zonas rurales, la creación de pequeñas y medianas
empresas privadas de elaboración de alimentos (PYMES), reguladas
económica y sanitariamente, que pudieran ayudar en el procesamiento de
productos agropecuarios, al mismo tiempo de satisfacer necesidades
alimentarias de la población.

Debido a la incapacidad estatal, la oferta de conservas de frutas y
vegetales se limita a las tiendas de divisas, a precios exorbitantes
para la mayoría de la ciudadanía: una simple latica de mermelada de
guayaba, de 470 gramos, cuesta 1.60 CUC, a la tasa oficial equivale a 40
pesos cubanos. O sea, 2,3 jornadas de labor de 8 horas, para un
trabajador que recibe el actual salario promedio mensual de 414 pesos.

Las consecuencias de las absurdas políticas estatizantes prevalecientes,
durante años han ocasionado pérdidas colosales a la economía nacional.
Recientemente, el problema se repitió en una cosecha de tomates
relativamente buena, con precios excesivamente altos y pocos lugares de
venta.

Ahora eso sucede con las cosechas de boniato, cebolla y zanahoria, pero
los vendedores ambulantes privados están casi desaparecidos, debido a la
represión; mientras desde hace meses se desmontaron cientos de puntos de
venta de frutas, viandas y hortalizas en los barrios, que ayudaban a
acercar estos productos a los consumidores.

Las respuestas del gobierno son nuevamente medidas estatales, que
probadamente no funcionarán. En Ciudad Habana se ha anunciado un plan de
apertura de nuevos centros, con la meta de tener hasta 310 al concluir
2009, 450 en 2010 y 600 en 2011, según publicara el periódico Juventud
Rebelde.

Cabría preguntarse por qué en septiembre de 2008 cerraron cientos de
puntos de venta, como señalamos anteriormente, dejando muchos barrios
sin lugares cercanos para adquirir productos agrícolas.

Si la respuesta es que entonces no había suficiente oferta, debido a los
huracanes que azotaron la Isla, la mejor decisión hubiera sido cerrarlos
hasta que se restituyeran las mercancías, en lugar de desmantelarlos por
completo. Ahora la operación demandará importantes recursos para la
reinstalación de estos locales, en momentos muy delicados para la
economía nacional.

El fracaso como destino

La anunciada reestructuración del acopio y comercialización de los
productos agropecuarios está irremisiblemente destinada al fracaso, si
no contempla, como todo parece indicar, la radical flexibilización de
esas actividades, con una mayor participación del sector privado en la
cadena que va desde los campos hasta la venta a la población. Esto no
significa que el Estado no deba participar. Puede y debe hacerlo a
través de la regulación y control de la actividad, así como por medio de
políticas flexibles de precios, fiscales y crediticias, entre otras.

A cierta escala pudieran seguir funcionando empresas acopiadoras y
comercializadoras estatales, enfocadas fundamentalmente en garantizar
los productos para hospitales, escuelas y otros objetivos sociales,
aunque necesariamente no tendrían que limitarse a esos fines. Servirían
también como instrumentos de actuación sobre el mercado, en determinadas
circunstancias, al surgir desabastecimiento de artículos, algunos
precios excesivos u otras circunstancias, así como mantener reservas e
importar alimentos para enfrentar determinadas coyunturas.

La política financiera interna y externa del país también incide en el
mercado de los alimentos. El crecimiento continuo de circulante en manos
de la población, sin contrapartida de bienes y servicios, es adverso a
la formación de los precios de los productos agropecuarios.

Incluso pudiera pensarse más adelante, cuando existan condiciones, en la
posibilidad de crear empresas que posean toda la cadena productiva y
comercializadora, como existen en otros países, incluidas las ventas al
detalle. Esto podría hacerse con participación extranjera total o
parcial, que además aportara experiencia para la nación en esta compleja
actividad.

Por supuesto, es muy difícil que estas medidas puedan materializarse, si
al mismo tiempo —a nivel de toda la economía— no se aplica un programa
integral de transformaciones radicales, en un país donde, entre otras
problemáticas, existen dos monedas y los trabajadores carecen de estímulos.

© cubaencuentro.com

¿Y ahora qué? - Artículos - Cuba - cubaencuentro.com (19 June 2009)
http://www.cubaencuentro.com/es/cuba/articulos/y-ahora-que-187480