La corrupción en Cuba - un mal generalizado

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La corrupción en Cuba: un mal generalizado

Aunque este empeño ha tenido cierta trascendencia, tanto en la Isla como

en el extranjero, la campaña contra la corrupción y el robo enfrenta

graves dificultades

Redacción CE, Madrid | 27/06/2014 1:34 pm



Desde que inició su ascenso a la cumbre del poder absoluto en Cuba, Raúl

Castro lanzó una campaña contra las más diversas formas de corrupción

—que imperan tanto en los negocios y asuntos nacionales como en los

internacionales—, así como en específico para tratar de poner fin a los

robos en las empresas estatales.

Aunque este empeño ha tenido cierta trascendencia, tanto en la Isla como

en el extranjero ―y de vez en cuanto se conoce de importantes figuras

del régimen que son investigadas, se encuentran detenidas o separadas de

sus cargos―, la campaña contra la corrupción y el robo enfrenta graves

dificultades.

Cabe además la sospecha que su triunfo está muy lejano o es imposible

bajo el actual régimen.

En primer lugar porque esta corrupción no brota del aire. Forma parte de

la esencia del sistema imperante en Cuba, que admite ser catalogado de

dictadura militar corrupta.

Con su vida fundamentada sobre el principio de la escasez, tanto

económica como sicológica, a partir del 1 de enero de 1959 el cubano

comenzó a vivir presa de la corrupción, que detesta y practica con igual

fuerza. En este sentido, si cualquiera en la Isla menciona la palabra

corrupción al hablar de un pescado, se refiere al estado de conservación

del pez y no a su procedencia más o menos legal. Porque de otra forma,

¿cómo comerlo y a qué precio?

La corrupción en Cuba se ha convertido en un fenómeno generalizado que

alcanza tanto a la cúpula del Partido Comunista como a profesionales,

trabajadores y ciudadanos en general sin filiación política declarada.

Las prácticas corruptas incluyen el soborno, la malversación de los

recursos estatales y los chanchullos contables. El robo y la corrupción

"de supervivencia" son generalizados en la policía, el sector turístico,

el transporte, la construcción y la distribución de alimentos.

Raúl Castro señaló en su discurso inaugural del VI Congreso del Partido

Comunista de Cuba que no se iba a permitir la concentración de la

propiedad, lo que en última instancia también incluye la acumulación de

riqueza. El principio se interpretó como un freno a la producción

privada, aunque es también una advertencia a la corrupción.

Si bien en los últimos años se viene persiguiendo la corrupción con

mayor fuerza ―al menos como política oficial de gobierno― las

autoridades cubanas toleran las malversaciones y prácticas ilegales de

supervivencia hasta cierto punto, aunque pueden actuar con contundencia

y severidad cuando los desvíos de dinero son muy importantes. De ahí las

periódicas destituciones de altos cargos gubernamentales.

Sin embargo, lo determinante es que en muchos casos la denuncia y

condena de la corrupción actúa como venganza, ajuste de cuentas

político, cuestionamiento de fidelidad o caída en desgracia, y no como

el motivo principal que llevó al enjuiciamiento. Lo cual quiere decir ―y

esto se aplica especialmente a los largos años de gobierno de Fidel

Castro― que el ministro, funcionario o director de empresa puede haber

estado administrando bienes, de los cuales se apropiaba en parte, de una

forma indiscriminada e intocable, siempre que no "perdiera la gracia"

del poder central.

Una y otra vez el régimen cubano apela ―en mucha menor escala desde la

llegada de Raúl Castro a la presidencia― a los desfiles como muestra

inconfundible de fidelidad ciudadana, como ocurrió a comienzos del

pasado mes con la tradicional celebración del Primero de Mayo, para

justificar su permanencia en el poder. Pero tras el desfile se pretende

ocultar todo, desde la ineficacia hasta la doble moral del que desvía

fondos estatales.

Raúl Castro lleva las de perder en la batalla contra este mal, dando por

supuesto que su afán es sincero. No solo porque él y su hermano son los

principales corruptos del país —otorgadores de prebendas y dispensadores

del erario público—, sino porque fueron los fundadores de un sistema

donde la violación de las normas jurídicas es indispensable para poder

sobrevivir. Si el día de mañana se ampararan en un manto de pureza, el

problema seguiría en pie. Con ello le han infringido a la sociedad

cubana un daño que persistirá más allá de su mandato.

El problema no radica solo en el pecado original de la corrupción cubana

―una larga tradición que brota en la colonia y persiste con igual fuerza

hasta 1959―, y en el hecho de que en su variante actual adquiera

características propias de un sultanato. Tampoco en el personalismo de

sus fuentes y en la cualidad de emanar de la mayor autoridad de

gobierno. La corrupción prolifera cuando hay exceso de poder, falta de

control y mecanismos inadecuados para la selección de ejecutivos y

burócratas.

El gobierno de Raúl Castro está empeñado en mejorar los controles ―y hay

que reconocerle el avance en este sentido― y se ha hablado de establecer

normas menos dogmáticas y con menor sustento ideológico, a la hora de

escoger al personal administrativo. Pero incluso de producirse esos

avances, no parece que el gobernante va a permitir un cambio sustancial

en la concentración de recursos y poder que existe en Cuba.

Llegado a este punto, hay que preguntarse si la lucha contra la

corrupción en la Isla difiere mucho de la que sostienen los dueños de

los casinos de juego contra estafadores, delincuentes de poca monta o

simplemente idiotas que se creen con derecho a un poco de mejor suerte.



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