El caso Tokmakjian, las trampas de la ley

El caso Tokmakjian, las trampas de la ley
IGNACIO VARONA, La Habana | Septiembre 30, 2014

Ex viceministro del Azúcar condenado a 20 años de cárcel por corrupción
Pocos esperaban un gesto magnánimo de los tribunales cubanos con el
empresario canadiense Vahe Cy Tokmakjian. Desde que fue arrestado en
septiembre de 2011, este hombre de 74 años se había convertido en un
botón de prueba para quienes piensan invertir en la Isla. "Si Tokmakjian
es juzgado con demasiada severidad, pocos querrán poner su dinero aquí",
susurraban muchos encargados de negocios de embajadas y otros
profesionales del mercado y el capital.

La sentencia a 15 años para el presidente de Tokmakjian Group puede
parecer ahora un gesto de fuerza de Raúl Castro, pero el saldo principal
es el debilitamiento de la confianza de los inversores y el retiro de
capital de la Isla. La idea ha ido ganando fuerza en los corrillos
diplomáticos y empresariales, que colocaron todas sus esperanzas... y
sus suspicacias en el proceso judicial que comenzó en junio pasado.

Según la fiscalía, Tokmakjian ha sido juzgado por los delitos de
cohecho, actos en perjuicio de la actividad económica y la contratación,
estafa, tráfico de divisas, falsificación de documentos bancarios y de
comercio, además de evasión fiscal. Otros dos ciudadanos canadienses y
directivos de la misma empresa, Claudio Franco Vetere y Marco Vinicio
Puche, resultaron condenados a 12 y 8 años de cárcel, respectivamente.

Las excesivas penas de cárcel no solo recayeron en los acusados
extranjeros. Los 14 altos funcionarios y ejecutivos cubanos que fueron
juzgados durante el mismo proceso recibieron penas entre 6 y 20 años de
prisión. Nelson Labrada, ex viceministro del Azúcar pasará las próximas
dos décadas de su vida en prisión, según determinó el Tribunal
Provincial Popular de La Habana.

Al conocer las sentencias, los familiares y abogados defensores han
dejado escapar el grito de horror que llevaban aguantando desde hace
casi tres años. La compañía radicada en Ontario ha denunciado "la falta
de un debido proceso legal" y el vicepresidente financiero ha confesado
que las autoridades cubanas han exigido al grupo unos 55 millones de
dólares canadienses para que Tokmakjian vuelva a caminar por las calles.

La libertad tiene un precio para este empresario extranjero, aunque en
el caso de los acusados cubanos poco podrán hacer para aminorar las
condenas. Si se trata de una acción ejemplarizante para detener la
corrupción, como algunos aseguran, la severidad del castigo ha sido
mayor para quienes no ostentan un pasaporte de cualquier otro confín del
planeta.

La sentencia se ha hecho pública después de meses de espera y toneladas
de especulaciones. Algunos aventuraban que con la nueva Ley de la
Inversión Extranjera, que entró en vigor en junio pasado, el Gobierno
cubano iba a "pasar el caso por debajo de la mesa" para no provocar
temores en los potenciales empresarios que quisieran instalarse en
nuestras tierras.

Otros creían que solo una condena ejemplarizante contra este grupo
pondría las reglas claras para evitar futuras corruptelas. Para quienes
creen que las acusaciones contra Tokmakjian están fundamentadas, la ley
que ha caído sobre él con todo su peso disuadirá a otros de hacer
jugarretas con los impuestos, apelar al clientelismo o adulterar las
cuentas.

Esta segunda línea de opinión, que considera a Tokmakjian culpable y
merecedor de una fuerte sanción, obvia que similares acciones son
realizadas por figuras del propio Gobierno y del clan familiar que rige
los destinos de la nación. "Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago",
parece que dicen desde sus puestos los generales y tenientes coroneles
convertidos en empresarios a la carrera. No llevar grados militares es
una condición peligrosa para los negocios en esta Isla.

Casi un cuarto de siglo de presencia en Cuba no le valió de nada a
Tokmakjian para que la fiscalía fuera clemente. Su grupo empresarial
calcula en 100 millones de dólares los activos de la empresa que ya han
sido confiscados durante todo el proceso judicial. Encima de eso la
fiscalía acaba de exigir unos 91 millones como resarcimiento por los
daños económicos supuestamente infringidos a la economía nacional.

Solo la empresa canadiense de níquel Sherritt International iba por
delante del Tokmakjian Group en cuanto a operaciones comerciales en
Cuba. Especializado en equipamiento para la construcción y la minería,
este último llegó a facturar hasta 80 millones al año e introdujo una
buena parte de los autos Hyundai que aún circulan por nuestras calles.
El nicho de mercado que aprovechó incluyó el reemplazo de piezas y
motores de viejos vehículos de transporte importados de la Unión Soviética.

Podría decirse que Tokmakjian pescó en las aguas revueltas de la
ausencia de derechos empresariales de los cubanos. Hizo crecer su
fortuna cuando nosotros no podíamos, aunque eso no es un delito sino,
más bien, una omisión ética que le permitió lucrar allí donde están
vetados los nacionales. Sin embargo, un día molestó a alguien, y los
tribunales se encargaron de recordarle quién manda en casa.

Ahora, con sus oficinas en La Habana cerradas y precintadas, Tokmakjian
Group reclama ante los tribunales canadienses unos 200 millones de
dólares al Gobierno cubano. El caso augura ser una interminable
secuencia de capítulos donde se sumarán denuncias, negociaciones y
gestos de clemencia o de arrogancia. Sin embargo, lo sucedido trasciende
la suerte de los 17 encausados que acaban de sufrir en carne propia la
falta de autonomía de los tribunales cubanos y la lamentable ausencia de
separación de poderes.

Las duras condenas contra Tokmakjian y otros enjuiciados es una señal
directa a quienes creen que en Cuba se puede ganar dinero fácil con el
beneplácito de las autoridades. La realidad es un mundo de trampas:
algunas se activan de inmediato y otras tardan veinte años en cerrarse
sobre la víctima.

Source: El caso Tokmakjian, las trampas de la ley -
http://www.14ymedio.com/nacional/caso_Tokmakjian_0_1643235662.html