Economía
Una solución equivocada
El problema en el sector agropecuario continuará mientras exista el
monopolio estatal y los productores no tengan libertades.
Dimas Castellanos, Ciudad de La Habana
viernes 19 de mayo de 2006 6:00:00
La crisis del sector agropecuario cubano es estructural: se manifiesta
tanto en la producción como en la comercialización. En un intento por
paliar sus efectos, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó,
en 1994, la existencia de los mercados libres campesinos, gracias a los
cuales reaparecieron en la dieta familiar muchos productos desaparecidos.
El temor a la formación de una clase media llevó al gobierno a la
creación de los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE), con la esperanza
de que al determinar los precios de forma arbitraria podrían vender por
debajo de los mercados de oferta y demanda y, por tanto, condenarlos a
desaparecer. Sin embargo, como a pesar de esa ventaja no ofrecieron
suficientes productos y tampoco los precios fueron los deseados, los MAE
han tenido que coexistir con los mercados libres. Una nueva lección de
que las insuficiencias en la producción no se pueden resolver desde la
circulación.
Los llamados intermediarios
En la historia de la humanidad el crecimiento económico, gracias al
aumento de la producción y de la productividad, llegó al punto que
satisfizo las necesidades inmediatas del grupo y generó un excedente que
condicionó la división del trabajo entre los productores, el intercambio
y el surgimiento de los mercaderes. Tan importante es este proceso, al
decir de Marx y Engels, que "el punto hasta el que se han desarrollado
las fuerzas productivas de una nación lo indica del modo más palpable el
grado hasta el que se ha desarrollado en ella la división del trabajo".
De ese proceso necesario y natural surgieron el comercio y el
comerciante, que constituyen motores del desarrollo social. Actuar hoy
contra esos llamados intermediarios significa regresar a la comunidad
primitiva. Esto lo comprendieron las autoridades cubanas. Sin embargo,
tratando de evitar la formación de una clase media, el gobierno
monopolizó las funciones de comercialización en una sola empresa
controlada por el Estado: Unión Nacional de Acopio.
Parece que se repite lo ocurrido en China, un país atrasado y el más
poblado del orbe en la década de los años cincuenta del pasado siglo y
que se enfrascó en el Gran Salto Adelante, un ambicioso plan para
generar abundancia desde el monopolio absoluto del Estado, impulsado por
el voluntarismo, el entusiasmo revolucionario y la sabiduría del Gran
Timonel.
Sin embargo, la ceguera de ignorar las leyes económicas, que son ajenas
a razones ideológicas, condujo a la pérdida del interés de los
propietarios privados y de los trabajadores del Estado por la producción
y convirtieron al gigante asiático en un modelo clásico de distribución
de hambre y miserias.
De forma similar, Vietnam —una nación que sufrió la más devastadora de
las guerras y cuyos habitantes morían de hambre— logró con la
introducción de mecanismos de mercado, la autonomía de los productores,
el derecho de los nacionales a ser empresarios y la entrega de tierra a
los campesinos, producir suficientemente y de forma sostenida para sus
76 millones de habitantes y ocupar el segundo lugar mundial en la
exportación de arroz en corto tiempo.
El monopolio de Acopio
La Unión Nacional de Acopio, el monopolio encargado de la compra,
transportación y venta de los productos agropecuarios en la Isla, ha
sido "incapaz" de lograr una diversificada oferta a precios asequibles
para el pueblo. Su principal deficiencia radica precisamente en su
principal función: el acopio de los productos del campo. Por ejemplo, el
pasado mes de febrero en la provincia de Cienfuegos permanecían en poder
de los campesinos más de 50.000 quintales de arroz.
Las razones, según funcionarios estatales, radican en que —además de no
disponer de capacidad de almacenaje ni de mercado dispuesto para
venderlo— el transporte es insuficiente y los equipos con que cuentan
(muchos de ellos paralizados por falta de piezas y con 20 o más años de
explotación), lo que se refleja en la recogida tardía y en el deterioro
de los alimentos, que muchas veces van a parar al consumo animal. Y es
que Acopio, aunque es un monopolio, carece de autonomía para destinar
una pequeña parte de sus ganancias a la adquisición de neumáticos y
otros agregados necesarios para mantener en buen estado su parque
automotriz.
Resulta que en la Ciudad de La Habana hay 139 MAE agrupados en nueve
empresas que radican en otro territorio, por lo cual las
responsabilidades se diluyen. Mientras Acopio sólo controla 27 de ellos.
Como el olmo no ha producido peras, parece haberse arribado a la
conclusión de hacer desaparecer Acopio y trasladar las funciones de
control y fiscalización a otras instituciones, en vez de atacar las
verdaderas causas de las ineficiencias, en un nuevo intento de
solucionar la crisis de la agricultura por donde no es.
A esa deficiencia de Acopio se agregan otras dos. La primera es la
demora en los pagos a los sectores cooperativo y campesino; atrasos que
generan desinterés en los productores. En Cienfuegos, la deuda por tal
concepto en el mes de febrero ascendía a la cifra de 1.250.000 pesos, y
en el municipio de Aguada, por concepto de arroz, se debían más de
900.000 pesos.
En ese mismo mes, en la provincia de Ciego de Ávila, además de una alta
suma en pesos, se debía a los productores una cifra ascendente a 57.369,
98 CUC (pesos convertibles). La segunda es que los insumos que Acopio
entrega a los productores son insuficientes. Ambas deficiencias explican
el porqué los productores venden y compran a los intermediarios
alternativos —fuera de la ley— que pagan y surten lo necesario de forma
inmediata.
Falta de autonomía
El único problema del monopolio no es Acopio. La insistencia en regular
el precio de las mercancías de espaldas al que se establece libremente
entre oferta y demanda es otra dificultad insoluble. Cada mes los
Consejos de la Administración Provincial, de acuerdo con una resolución
del Ministerio de Finanzas y Precios, implantan un precio único para los
productos del agro.
La inflexibilidad que introduce dicha regulación artificial se expresa
en disímiles anomalías, pues la lentitud de la información emanada no se
corresponde con la velocidad de los procesos de maduración y deterioro
de los productos del agro, por lo cual en un período de 30 días se
comercializa un mismo producto con dos y hasta más gravámenes
diferentes, o —por otra parte— productos que se deterioran permanecen
con el mismo precio.
La falta de autonomía de los productores y vendedores constituye una
carencia crónica. El administrador de uno de los mercados del municipio
Arroyo Naranjo dice "que él no tiene autorización para bajar precios,
aunque vea que los productos pierden calidad". Para hacerlo, estos
administradores deben llamar por teléfono a la Empresa de Acopio (aunque
muchos no tienen este servicio para comunicarse) y solicitar el envío de
un especialista que determine cuáles de tales productos pueden
depreciarse. Generalmente la lentitud del proceso hace que, cuando se
realiza dicha valoración, ya los productos no sirven para el consumo humano.
Como la escasez en todos los lugares y épocas es fuente de especulación,
se requiere de un reglamento de distribución de la pobreza. La
inexistencia de ese regulador hace que muchos clientes no alcancen
productos que luego reaparecen en otros lugares a precios superiores. En
esos casos, se trata de situar la responsabilidad de la insuficiencia de
la producción en los administradores, quienes deben ser capaces de
partir el cake en pedazos más pequeños para satisfacer al mayor número
de clientes. El hecho cierto es que con poca producción, el precio bajo
sólo puede ser impuesto artificialmente.
Sin comprender que por ahí no es, algunos funcionarios plantean que
Acopio es la contrapartida a "determinados productores que quieren andar
por la libre" y, en consecuencia, se dirigen contra los productores y
contra los intermediarios alternativos que acopian y pagan con
inmediatez. Esos y otros problemas, en un país donde nadie vive del
salario ni de la Seguridad Social, alimentan las "ilegalidades" y
coadyuvan a convertir las conductas surgidas de la sobrevivencia en
moral predominante.
Como ejemplo positivo, la prensa oficial destaca los mercados del
Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), que presentan varias ventajas. Aquí,
cuando los productos van perdiendo frescura, los administradores deciden
inmediatamente la rebaja correspondiente; tienen precios diferentes en
dependencia de los niveles de ingreso de la población donde están
ubicados; los precios son inferiores a los máximos aprobados por el
Consejo de la Administración Territorial del Poder Popular para cada
mes; y las ventas están reguladas a determinada cantidad de libras por
persona de acuerdo con la abundancia o escasez del producto.
Resulta que estos mercados "modelos" son administrados por militares,
los cuales —en virtud de la fuerza de trabajo que emplean para producir—
pueden vender a precios menores, lo que —en condiciones de escasez— es
una buena oportunidad para los intermediarios alternativos. En fin, que
el problema continúa y continuará hasta tanto no se produzca más para
vender a precios bajos, para lo cual hay que abandonar la concepción del
monopolio estatal y brindar libertades a los productores y vendedores.
Sólo entonces los intermediarios, una necesidad de todas las sociedades,
se adaptarán a vivir sin aprovecharse de la escasez.
Si hay que imitar a China o a Vietnam, entonces imitemos lo que hacen
ahora y no lo que hicieron cuando eran modelos clásicos de distribución
de hambre y miseria.
URL:
http://www.cubaencuentro.com/es/encuentro_en_la_red/cuba/articulos/una_solucion_equivocada
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