A propósito de la reforma en la política de entrega de tierras

A propósito de la reforma en la política de entrega de tierras
[25-10-2012]
Elías Amor Bravo
Economista ULC

(www.miscelaneasdecuba.net).- Apenas han transcurrido poco más de cuatro
años desde que el régimen castrista introdujera como gran reforma
espectacular la entrega de tierras en usufructo a los agricultores, en
un intento desesperado de corregir la dependencia externa de alimentos,
y ya se anuncian cambios.

Una reforma que ya, en su momento, señalamos que no podría dar
resultados favorables, ahora se somete a un nuevo decreto cuya entrada
en vigor es inmediata, a partir de diciembre, y que incorpora algunas
novedades como la ampliación del tamaño de las parcelas o la posibilidad
de construir viviendas en esos terrenos.

Este tipo de políticas, contrarias al funcionamiento eficiente de las
economías, se resiste a introducir un marco estable de derechos de
propiedad en la agricultura cubana, que fue el instrumento básico que
permitió al sector en los primeros 50 años de existencia de la
República, más que duplicar sus cifras de producción y exportaciones,
convirtiéndolo en uno de los principales de la economía.

La reforma agraria castrista, con la confiscación de tierras y la
supresión del mercado como instrumento de asignación de recursos,
enterró a la otrora productiva agricultura cubana en un sector dominado
por la ineficiencia, el abandono, la improductividad y los bajos
rendimientos. Incluso en 2002, se decretó por Fidel Castro el cierre de
los ingenios azucareros y el fin de la industria del azúcar, una herida
de muerte para la Historia de Cuba.

Los resultados son bien conocidos y la secuela de racionamiento,
escasez, altos precios en los mercados agropecuarios y excesiva
dependencia del monopolio estatal Acopio, terminan por dibujar un
escenario en el que durante años el régimen se vio obligado a comprar
cereales y carne a Estados Unidos en una interpretación muy sui generis
del embargo.

Como ocurre casi siempre con la propaganda castrista, los medios
oficiales del régimen destacaron que la próxima entrada en vigor del
nuevo decreto Nº 300 introduce "cambios esenciales" sobre el plan
iniciado en 2008 para intentar reanimar la producción de alimentos y
culpan a la burocracia, de la lentitud de la aplicación de la reforma.
Una práctica que se viene generalizando a la mayoría de los problemas
que presenta la economía castrista, aunque no siempre sea la burocracia
la verdadera responsable.

La principal novedad de la reforma, anunciada a bombo y platillo por las
autoridades, es la ampliación de la extensión de las parcelas a entregar
hasta un máximo de 67,10 hectáreas. Hasta ahora el máximo era de 40.
Cierto es que en su momento consideré muy negativo que sólo se
entregaran esas pocas hectáreas a los agricultores, ya que impedían
alcanzar los rendimientos de escala que favorecen la dedicación a esta
actividad.

Otros aspectos, sin embargo, gravitaban sobre el futuro incierto de los
arrendatarios, como la falta de aperos y medios de producción, de
fitosanitarios y fertilizantes, la invasión agresiva del marabú por la
indolencia del estado en las tierras de su propiedad que ahora se
entregaban. Un escenario nada favorable a la producción agrícola que se
trasladó fundamentalmente a la producción de ganado en pastos, mucho más
favorable de obtener a corto plazo.

La pregunta que podemos formular ahora es ¿por qué 67,10 hectáreas y no
otra cifra? ¿Por qué no se puede avanzar en la dimensión de las
superficies hasta la cantidad deseada, por qué no se permite la fusión
de tierras, la compra y venta, el acceso a los derechos de propiedad de
la tierra, limitando los plazos de explotación a diez años? ¿Qué puede
ocurrir después? Cuestiones fundamentales que apuntan a un elevado nivel
de intervención en un sector que, por el contrario, funciona mucho mejor
con libertad, propiedad y mercado.

La segunda reforma del nuevo decreto-ley aclara que los usufructuarios
de la tierra podrán construir viviendas en esos terrenos estatales
arrendados "para beneficio propio y de sus familiares", siempre que se
cuente con la autorización previa de las autoridades urbanísticas
municipales. Al parecer ésta había sido una demanda de muchos
agricultores, que se veían limitados para establecerse cerca de las
tierras en las que trabajan y, en su caso, trasladar a ellas a sus familias.

Incidentes recientes en el proceso electoral de delegados al poder
popular han mostrado que el proceso de reducción de gastos acometido por
el régimen ha supuesto el cierre de escuelas y sanatorios en el medio
rural, lo que puede actuar de forma negativa sobre aquellos que planean
el traslado al carecer de estos servicios básicos.

Además, cabe preguntarse quién puede construir una vivienda en una
tierra que nunca será suya, salvo que se altere el sistema de derechos
de propiedad. El beneficio generado en la misma como consecuencia de esa
edificación, supone que en caso de abandono, el usufructuario no puede
obtener participación en el mismo, que pasa a manos del estado
nuevamente. Es evidente, que este tipo de análisis no sostiene el modelo
de inversión racional y eficiente.

El principal problema de las reformas del régimen en la agricultura es
que confunden instrumentos con objetivos. Pretender que la entrega de
tierras en usufructo sirva para incrementar la producción de alimentos
para garantizar la "seguridad nacional", es equivalente a querer tapar
el sol con un dedo.

No se puede afrontar la reconversión de un sector productivo,
ineficiente, dominado por la propiedad estatal y en el que buena parte
de las decisiones de aprovisionamiento pasan por un monopolio estatal
como Acopio, con enunciados tan generales. A resultas de ello, el
régimen continuará seguramente gastando al año más de 1.500 millones de
dólares en importar el 80% de los alimentos que se consumen, muchos de
ellos fácilmente producibles en la Isla.

El balance final de las reformas es bastante limitado. Desde 2008, tan
sólo 163.000 agricultores han accedido a esta fórmula de explotación en
arrendamiento, con una superficie de 1,4 millones de hectáreas que
previamente estaban ociosas por pertenecer al estado.

No cabe duda que esta reforma ni está dando los resultados esperados ni
cabe intuir mucho más en su evolución, ya que mientras no se modifique
el marco jurídico de derechos de propiedad y se restablezca plenamente
el mercado como hicieron los vietnamitas, por ejemplo, nada habrá cambiado.

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