Última actualización Monday, 7 November 2011
Por JORGE PIÑON*
- La exploración petrolera en aguas del Estrecho de la Florida es un
asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, y el hecho de que Cuba
tenga un creciente protagonismo en las perforaciones adyacentes a
nuestras costas añade una peculiar perspectiva a los debates en curso -y
los que se avecinan sobre este trascendental tema en el futuro hemisférico.
La Tercera Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(UNCLOS III), de 1982, define los derechos y responsabilidades de las
naciones en el uso de los océanos del mundo, el establecimiento de
directrices para las empresas, el medio ambiente y la gestión de los
recursos naturales marinos.
Estados Unidos ha firmado acuerdos de límites marítimos con la mayoría
de sus vecinos, Rusia (Alaska), Canadá (ex Océano Ártico), Cuba y
México; delineando una zona económica exclusiva -ZEE- sobre la que cada
Estado tiene derechos soberanos relacionados con la exploración y
explotación de sus aguas, lecho, subsuelo y recursos marinos.
Estados Unidos, México, Cuba y Bahamas están enfrascados en desarrollar
sus respectivos recursos de hidrocarburos en aguas profundas de las
ZEEs, y después de la catastrófica experiencia de explosiones en los
pozos de Ixtoc y Macundo, el establecimiento de relaciones de trabajo
entre los cuatro países en la protección del medio marítimo ayudaría en
la planificación de contingencia y la cooperación necesaria para dar una
respuesta rápida y verdaderamente efectiva en caso de un derrame accidental.
Estados Unidos ya tiene acuerdos de cooperación con México y Canadá, los
cuales establecen los protocolos a seguir en caso de un derrame de
petróleo que representaría una amenaza para el medio ambiente marino
compartido. Un acuerdo bilateral similar con Cuba y Bahamas se necesita
urgentemente.
Acuerdos multilaterales
Cuba, Bahamas y Estados Unidos son signatarios de acuerdos
multilaterales que comprometen a las partes a preparar y cooperar en
posibles derrames de petróleo. Esto incluye el Convenio Internacional de
Preparación, Respuesta y Cooperación ante la Contaminación de
Hidrocarburos (OPRC), que fue adoptado en 1990 bajo los auspicios de la
Organización Marítima Internacional (OMI).
De acuerdo con el Convenio, las partes están obligadas a aplicar medidas
para hacer frente a sucesos de contaminación, ya sea nacional o en
cooperación con otros países.
Para responder eficazmente ante un accidente marítimo relacionado con el
petróleo, los cuatro países requerirían también acceso inmediato a los
servicios petroleros de cada uno de ellos, y al equipamiento tecnológico
que pueda ofrecer casi instantáneamente el conocimiento de lo que será
necesario para prevenir, limitar y detener el daño al medio ambiente
marítimo compartido.
Somos muy ingenuos en pensar que, en el caso de Cuba, un puñado de
licencias individuales de exportación podrían prevenir y contener un
pozo exploratorio que reviente en aguas profundas. Una licencia general
de exportación y suministro de equipos, personal y servicios a las
compañías petroleras internacionales que operan en Cuba es una tarea
impostergable ante una eventual emergencia.
Los recursos empleados en los esfuerzos de contención y limpieza en en
caso de la plataforma Deepwater Horizon, el pasado año, no tenían
precedentes; más de 48,000 movilizados como personal de asistencia; más
de 5,050 embarcaciones, incluidos skimmers, remolcadores, barcazas,
camiones cisterna y buques de recuperación; cientos de aviones,
vehículos operados a control remoto, y varias unidades móviles de
perforación mar adentro y equipos de apoyo; 2.93 millones de metros de
barreras de contención, 8.35 millones de pies de materia absorbente y
casi dos millones de galones de dispersante. Además, fueron necesarias
dos plataformas semisumergibles de aguas ultraprofundas fueron
necesarias para perforar pozos de alivio y sellar permanentemente los
escapes del yacimiento.
Preocupados en el Congreso
Durante los últimos meses, hemos visto una serie de preocupaciones del
Congreso cuestionando la experiencia de compañías petroleras
internacionales en exploración en aguas profundas, así como las normas y
regulaciones bajo las cuales van a operar, la tecnología y la calidad de
los equipos de perforación, y la falta de una preparación multilateral
contra desastres y de un acuerdo de coordinación en caso de un accidente.
Lo más notable en todo este debate ha sido la singular atención
dispensada a la compañía pública Repsol, radicada en España, mientras se
ignoran todas las demás actividades de perforación exploratoria en Cuba,
México y Bahamas por una serie de empresas estatales petroleras
nacionales como, Petronas de Malasia, Gazprom de Rusia, ONGC de India,
Sonangol de Angola, y Pemex de México, entre otras.
México, Cuba y Bahamas están en el proceso de implementación de los más
actualizados reglamentos y normas de perforación; pero ¿tienen ellos los
recursos, capacidades, activos financieros, personal y experiencia para
hacerlas cumplir? ¿Pueden las agencias de regulación en estos países
establecer apropiadamente una política de operaciones?
Estados Unidos no sólo tiene que acercarse y compartir las lecciones
aprendidas y las mejores prácticas con todas las compañías que operan en
la región para el beneficio y protección de nuestros comunes intereses
económicos y ambientales; sino que lo más importante es establecer
colaboración con los organismos reguladores como la Comisión Nacional de
Hidrocaburos de México, la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad
Nuclear de Cuba y el Ministerio de Medio Ambiente de Bahamas.
Al mismo tiempo, el papel internacional asumido recientemente por la
Oficina de Seguridad y Medio Ambiente del Departamento del Interior
parece estar fuera del mandato constitucional que le permite "hacerse
cargo de los asuntos internos de la nación" y, por lo tanto, amerita
revisar y considerar si estas atribuciones establecen precedentes que no
están en el mejor interés de la seguridad nacional de Estados Unidos; lo
que podría tener un impacto negativo en nuestros esfuerzos por impulsar
la búsqueda de hidrocarburos en la Falla Perdido (México) y en el Mar
Chukchi (Rusia).
El desastre que podemos prevenir
Las consecuencias económicas y ambientales de un derrame de petróleo
accidental para los 19 millones de residentes de la Florida exige una
planificación activa conjunta por parte de México, Cuba, Bahamas y
Estados Unidos con el fin de prevenir un desastre. Esta planificación
debe hacerse en un espíritu de cooperación y no de confrontación.
Hasta el momento la posición editorial de los tres mayores periódicos
del estado de la Florida reafirma este punto de vista:
The St Petersburg Times: "Florida lawmakers' hopes of thwarting Cuba's
offshore drilling ambitions by isolating it from oil companies that do
business in the United States is shortsighted political posturing that
won't work". (Febrero 7, 2011)
The Fort Lauderdale Sun Sentinel: "Cuba's oil drilling ought to be put
above the diplomatic and political fray". (Octubre 23, 2011)
The Orlando Sentinel: "Politics instead of wise policy continues to
undermine the U.S. approach to oil drilling in Cuba's waters". (Octubre
19, 2011)
Este es un asunto vital y de máxima trancendencia para la Florida y
Estados Unidos en los próximos años. Y tenemos que tomar las decisiones
más sabias para no tener que lamentar luego nuestra carencia de lucidez
y visión de futuro.
* Jorge Piñon es investigador invitado del Centro de Investigaciones
Cubanas de la Universidad Internacional de Florida. Fue presidente de
Amoco Oil de México y presidente de Amoco Oil Latinoamérica. Piñón
participó en los paneles convocados días atrás por comités del Senado y
la Cámara de Representantes para discutir el tema de las perforaciones
petroleras en Cuba.
http://cafefuerte.com/2011/11/07/perforaciones-petroleras-en-cuba-los-peligros-de-la-ingenuidad/
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