Diplomáticos destacan secretismo de bancos en Cuba

Publicado el sábado, 06.23.12

Diplomáticos destacan secretismo de bancos en Cuba
Juan O. Tamayo
jtamayo@elnuevoherald.com

Dos reportes cuidadosamente redactados por diplomáticos estadounidenses
en La Habana señalan que, aunque no había "evidencia directa" de lavado
de dinero en Cuba, la isla tenía uno de los sistemas bancarios "más
reservados" del mundo, y su gobierno no da información sobre estos delitos.

Uno de los reportes contiene además una vaga referencia a lo que parece
ser el caso de los tres hermanos Benítez, cubanos de Miami encarcelados
en la isla y buscados en el sur de la Florida por fraudes al Medicare
por valor de $119 millones.

La fiscalía federal presentó el lunes cargos contra Oscar Sánchez,
vecino de Miami, por una operación de lavado de dinero que envió $31
millones en fondos estafados al Medicare a la isla. Las autoridades
añadieron más tarde que no había pruebas de que el gobierno cubano
estuviera detrás de estas operaciones.

Algunos ex funcionarios del gobierno cubano han alegado que es imposible
que las autoridades de la isla no estén al tanto de transferencias
sospechosas de dinero porque controlan todos los bancos de la isla y
tienen uno de los sistemas de seguridad nacional más estrictos del mundo.

"Todo dinero que pase por los bancos cubanos es investigado,
especialmente dinero extranjero", dijo Marzo Fernández, quien trabajó en
la sección financiera de la oficina del gobierno que coordinaba la
planificación económica con los países del bloque soviético y quien
desertó en 1996.

Los dos reportes diplomáticos de Estados Unidos fueron respuestas a
preguntas enviadas por el Departamento de Estado a todas sus embajadas
en el 2008 y el 2009 sobre cómo los gobiernos de los países en que
estaban tomaban medidas para luchar contra el lavado de dinero y
combatir el financiamiento del terrorismo, conocidas como "AML/CFT".

Ninguno de los dos reportes estaba clasificado, lo cual indica que no
contenían información que la Sección de Intereses considerara como delicada.

Hechos públicos por el grupo Wikileaks, los dos cables diplomáticos usan
un lenguaje virtualmente idéntico para reportar la ausencia de
información alguna sobre casos de lavado de dinero en la isla, gobernada
por un régimen comunista.

"El gobierno de EEUU no tiene evidencia directa alguna de actividades de
lavado de dinero o financiamiento del terrorismo en Cuba en el 2009",
dice uno de los despachos, añadiendo que el gobierno cubano no "reportó
públicamente arrestos, confiscaciones o enjuiciamientos significativos".

Ambos reportes añaden que Cuba cuenta con "uno de los sistemas bancarios
nacionales más reservados y menos transparentes del mundo", y que no
existe evidencia "de que se halla implementado alguna medida de tipo
AML/CFT, o de que infractor alguno haya sido enjuiciado".

"Se debe señalar, sin embargo, que los medios de prensa nacionales en
Cuba están completamente controlados por el estado, el cual sólo permite
una cobertura de prensa laudatoria sobre sí mismo", añadieron. El
gobierno "no publica o da publicidad habitualmente" a actividades de
tipo AML/CFT.

Un tercer cable estadounidense desde La Habana señaló que Cuba había
dado permiso en el 2009 para presentar una orden judicial emitida por un
tribunal federal de Miami a "tres hermanos cubanoamericanos" sospechosos
de fraude al Medicare por más de $100 millones.

El cable no los identificó, pero es casi seguro que se refería a José,
Luis y Carlos Benítez, que huyeron a Cuba para no enfrentar su acusación
oficial en el 2008 por cargos de presentar reclamaciones falsas al
Medicare por $119 millones.

La citación judicial estaba "dirigida contra propiedades y pertenencias
personales, aunque ninguna de las propiedades identificadas están en
Cuba", añadió el cable, sin dar más explicaciones.

Los hermanos "estaban detenidos en una cárcel cubana por cargos no
especificados" según el cable, que no daba más detalles. Familiares
suyos dijeron este año a sus amigos que los hermanos estaban todavía en
la cárcel, presumiblemente por violaciones de inmigración, pero no han
sido llevados a juicio.

Un cuarto cable con fecha del 25 de abril del 2007 señaló que el
gobierno cubano se había ofrecido a deportar a un ciudadano
estadounidense "que estaba cumpliendo una condena por un caso de lavado
de dinero que había languidecido por mucho tiempo", pero no dio más
detalles.

En su mayor parte, los dos cables estadounidenses sobre lavado de dinero
se dedicaron a informar en detalle sobre las leyes y regulaciones
cubanas sobre el tema, mostrándolas como estrictas en el papel pero sin
confirmación independiente.

Cuba "en general alega estar cumpliendo a plenitud con las convenciones
de lavado de dinero y antiterrorismo internacional", señaló un cable,
pero no pertenece al Grupo de Acción Financiera, la principal
organización global contra el lavado de dinero.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana,
respondiendo a la alegación de que Oscar Sánchez enviaba dinero del
Medicare a Cuba, dijo el miércoles que el país tenía controles estrictos
para evitar el lavado de dinero y colabora estrechamente con los bancos
para detectar y evitar las transacciones ilegales.

Resoluciones gubernamentales de 1997 establecen pautas para la
"detección y prevención de movimientos de capital ilícito" y estableció
una Central de Información de Riesgos (CIR) para compilar y procesar
información sobre sospechas de violaciones, señalaron los cables
estadounidenses.

Pero los diplomáticos estadounidenses "carecen de información en cuanto
a la capacidad (de personal o de otro tipo) de la CIR para supervisar o
examinar el cumplimiento por parte de instituciones financieras de las
leyes y regulaciones de tipo AML/CFT", añadió uno de los despachos.

Otra resolución del 2004 estableció la Oficina de Supervisión Bancaria
dentro del Banco Central de Cuba para "procesar información brindada por
la (CIR) y otros acerca de actividades delicadas e ilegales, corrupción
y posibles operaciones de lavado de dinero", señalaron los cables.

La Ley 87 aprobada en 1999 añadió el lavado de dinero al código penal,
con condenas penitenciarias de 10 a 30 años, y órdenes del Banco Central
en 1998 y 2002 dejaron en claro que las leyes de secreto bancario no se
aplican a los investigadores del gobierno.

"Toda institución financiera tiene un funcionario designado que reporta
directamente al ejecutivo principal" las transacciones sospechosas,
señalan los cables, y se exige a los bancos que reporten toda
"transacción compleja de una cantidad inusual" a la CRI y al Ministerio
del Interior.

También se exige a los bancos que reporten transacciones de $10,000 o
más y que determinen si una transacción dada "se corresponde al
propósito corporativo o social aprobado de una compañía (estatal o
privada)", según los despachos.

Los bancos pueden además bloquear las cuentas sospechosas, y el código
penal establece que toda persona hallada culpable de lavado de dinero
será privada de todas sus ganancias, así como toda propiedad "esencial a
la ofensa, o resultado de la misma", según los despachos.

http://www.elnuevoherald.com/2012/06/23/v-fullstory/1235724/diplomaticos-destacan-secretismo.html