Por Ernesto Limia Díaz
[22.09.2011]-Actualizado 11:30 pm Cuba
Cuando triunfó la Revolución cubana el país tenía una economía abierta,
en la que a cada peso de producción bruta correspondían entre 25 y 28
centavos de importaciones inevitables. La deformación estructural trajo
como consecuencia que la incorporación de tecnología se produjera solo
cuando resultaba de interés al capital norteamericano; por tanto, el
proceso de industrialización de la década de 1950 acentuó aún más la
dependencia de materias primas y portadores energéticos importados, sin
un esfuerzo científico y tecnológico para establecer una base propia,
endógena, capaz de apoyar el desarrollo del sector manufacturero.
Desde el principio la dirección del país concentró la inversión estatal
bruta en los sectores productivos, en primer lugar en la industria. Se
avanzó en sectores clave, como el azúcar y sus derivados; las ramas
siderúrgica, electrónica, pesquera y materiales de la construcción; se
edificaron nuevas plantas en la metalmecánica y se creó una importante
infraestructura energética. Mas, no se logró remontar el desbalance
comercial.
El intercambio con la URSS y el CAME permitió que el país emprendiera un
camino propio, a pesar del injusto bloqueo y de las acciones de guerra
económica desarrolladas por Estados Unidos. No obstante, esta relación
acarreó problemas complejos de solucionar en materia organizacional, de
actualización tecnológica y de esquemas técnico-productivos avanzados.
Importar tecnología sin una base propia nos condujo a mantener una
dependencia indefinida; pero tras 450 años de colonialismo y
neocolonialismo, a Cuba no le era posible generar por sí misma los
recursos que demandaba su desarrollo; solo mediante la obtención de
recursos financieros externos, en condiciones adecuadas, podía avanzar.1
Sin embargo, los cubanos arrastramos errores que agudizaron la
deformación estructural heredada. La imperiosa necesidad de producir
para satisfacer la demanda interna provocó, con frecuencia, que se
relajara la disciplina tecnológica y a nivel empresarial se impusieran
criterios de dirección para los que el cumplimiento del plan se
convirtió en lo prioritario, sin considerar los aspectos cualitativos.
Proliferó una cultura donde el indicador calidad se rezagó, lo que tuvo
un impacto destructivo; además, se subutilizaron recursos, se duplicaron
esfuerzos y faltó integración.
También fueron inadecuados los mecanismos de planificación, control y
evaluación de la actividad científica, se dilataron los plazos de la
conclusión de las investigaciones y hubo lentitud en generalizar sus
resultados; fue pobre el cubrimiento del ciclo «investigación –
desarrollo – producción – comercialización – consumo», por la no
integralidad de su concepción; fueron débiles las capacidades de gestión
tecnológica en las empresas e insuficientes los vínculos
empresa-universidad; además de la aversión al riesgo y la incapacidad de
trabajar en condiciones de incertidumbre.
Bajo estas circunstancias en 1986 se emprendió el proceso de
rectificación de errores; pero el derrumbe del campo socialista impidió
continuar. En apenas tres décadas, en dos ocasiones Cuba fue privada de
sus principales mercados de exportación y suministro, a los que le unían
lazos tecnológicos de dependencia. Resistir se convirtió en la palabra
de orden.
El 26 de julio de 1993 Fidel brindó cifras alarmantes: de 8 139 millones
de dólares en importaciones en 1989, tres años después apenas se habían
recibido 2 236 millones (27.47%). Cuba adquiría en el exterior el 85% de
los envases y casi el 90% de las materias primas para elaborar piensos,
fertilizantes, herbicidas, fibras textiles, calzado, productos de aseo y
perfumería.2 En consecuencia, la producción industrial cayó en un 50% y
la formación bruta de capital se redujo en 68%, lo cual rompió el
equilibrio productivo - financiero. Además, la industria regresó a los
niveles de consumo energético que exhibía 20 años atrás.
En tan complejo escenario la Tormenta del Siglo barrió más de la mitad
del país y provocó pérdidas por encima de los mil millones de dólares;
mientras que en el mercado mundial declinaba el valor del níquel, el
camarón y la langosta. El azúcar se cotizó tan bajo que por cada
tonelada solo se podían adquirir 1,5 toneladas de petróleo.3
Para tratar de asestar el golpe final, Estados Unidos aprobó la Ley
Torricelli, que interrumpió un intercambio de casi ochocientos millones
de dólares con firmas subsidiarias de 106 compañías estadounidenses.
A pesar de la gravísima escasez de divisas, nadie resultó abandonado,
pero preservar las políticas sociales tuvo un alto costo económico: se
generó un desbalance entre dinero circulante y bienes de consumo, que
aumentó la liquidez monetaria de manera desproporcionada y cayó el valor
del peso cubano. Para enfrentar la crisis el 13 de agosto de 1993 se
despenalizó la tenencia de divisas para las personas naturales y se
autorizaron cuentas bancarias en dólares estadounidenses, una de las
medidas más polémicas del programa de transformación de la economía.
Su aplicación estuvo dada principalmente por la imperiosa necesidad de
ingresar divisas de forma rápida. Además, el peso cubano no ofrecía la
posibilidad de satisfacer la demanda de bienes y servicios en la
economía interna; se incrementaron los flujos de dólares vía remesas del
exterior y turismo, y como parte del proceso de transformaciones se
añadieron los sistemas de estímulos asociados a las actividades
vinculadas a la exportación de bienes y la sustitución de importaciones,
la apertura del trabajo por cuenta propia y la autorización del alquiler
de habitaciones. A su vez, apremiaba atraer capital extranjero y en
aquellas circunstancias se hacía muy difícil asegurar la confianza en la
moneda nacional.
Con un fenómeno de dolarización parcial en la economía y una crisis que
implicó reorientar el comercio interno y externo, el país decidió
implantar, con carácter provisional, un régimen monetario dual. En esa
dirección legalizó la circulación del dólar, creó un mercado estatal
interno en divisas y se estructuró un circuito empresarial vinculado al
turismo y al capital extranjero, en el cual todas las transacciones se
realizarían en dólares. Fue una decisión que no podía postergarse ni
desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista político.
La medida provocó un cambio en las relaciones económicas con el
exterior, al adoptar un carácter eminentemente mercantil basado en el
uso directo del dólar, lo que implicó reorientar el intercambio
internacional y generó transformaciones internas, entre ellas las de
carácter financiero.
Presiones externas sobre el uso del dólar incidieron en la necesidad de
retirarlo de circulación y adoptar estrategias que potenciaran la
soberanía monetaria, como parte de las cuales se sustituyó por el Peso
Convertible Cubano (CUC). Un ejemplo de estas presiones lo constituyó la
prohibición por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos del uso
del dólar en las transacciones cubanas y, en consecuencia, bajo el
fundamento de violar el contrato, fue multada la Unión de Bancos Suizos
por aceptar el cambio de billetes de dólares viejos provenientes de Cuba.
Durante un tiempo, la medida generó más beneficios que contradicciones,
los ingresos obtenidos por las ventas en divisas permitieron financiar
la distribución racionada a la población; se reanimó una parte del
sector manufacturero y las personas con acceso a este mercado mejoraron
la calidad de su canasta de bienes de consumo. Sin embargo, hoy tiene
más efectos negativos que beneficios, incluyendo en el plano político y
su impacto en la estimulación del fenómeno de la corrupción.4
La existencia de una tasa oficial que no expresa el verdadero valor de
cambio –para las personas jurídicas 1 peso equivale a 1 CUC–, se ha
convertido en un obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas y al
crecimiento económico. En los balances de las empresas, del sistema
financiero y del propio presupuesto existen flujos en pesos y dólares
que distorsionan los precios relativos, dificultan medir la rentabilidad
empresarial e impiden analizar correctamente las finanzas públicas, lo
que incide en el cálculo del PIB cubano y su credibilidad internacional.
Este fenómeno genera dualidad contable, siembra confusión e impide
conocer los costos e ingresos reales de cualquier inversión, proyecto o
transacción económica. La sobrevaloración del peso cubano mantiene
artificialmente rentable a un grupo de empresas e injustamente
irrentable a otras, sin que exista una auténtica relación entre
rentabilidad y eficiencia. Así, algunas con alta proporción de insumos
importados aparentan ser eficaces, cuando en realidad esconden subsidios
implícitos a través del tipo de cambio sobrevaluado; mientras a otras,
exportadoras, se les subvaloran sus ingresos y deben acudir por
subsidios, debido a que por cada dólar de exportación ingresado reciben
menos de un peso cubano.
Tampoco eliminó los desequilibrios monetarios en el sector pesos, ni la
sobreliquidez en forma de pasivos inmovilizados en el sector bancario;
debilitó el rol del sistema financiero en la intermediación de los
recursos y generó inestabilidad macroeconómica (precios y tipo de
cambio); además, obstaculiza la creación de un mercado cambiario
empresarial y reduce la eficiencia de los mecanismos de regulación y
supervisión bancaria.
Además del costo económico que significan los altos subsidios que esta
problemática estaría demandando, la sobrevaluación del CUP ha traído
consigo que la ineficiencia y el descontrol financiero se hayan
extendido a casi todas las ramas del país, incluso en empresas
importantes.
En este contexto, resulta preocupante el desinterés de los sectores
productivos y de servicios por interactuar con la ciencia para buscar en
las universidades y centros investigativos cubanos, la constante
innovación que se necesita para satisfacer el consumo de nuestra
población, sustituir importaciones y contribuir al dinámico desarrollo
de las fuerzas productivas que exige la actual coyuntura económica. El
impacto perjudicial de esta problemática en sectores priorizados dentro
de la estrategia de sustitución de importaciones del país es
significativo.
Hay quienes afirman que el mayor beneficio de eliminar la dualidad
monetaria se encuentra en el sector empresarial, bajo el argumento de
que aquellos que sobredimensionan sus efectos negativos en la población,
magnifican su supresión y no tienen en cuenta que la razón de la
desigual distribución de los ingresos no parece ser un fenómeno
monetario, sino fruto de las diferencias entre quienes viven del salario
estatal y las pensiones, y los que acceden a otros tipos de ingresos
dentro y fuera del país. Alegan que derogar la medida en los mercados de
la población no acabaría con las desigualdades.
No dejan de tener razón; pero el problema es mucho más complejo y por
sus implicaciones políticas, económicas y sociales se ha convertido en
un tema de gran trascendencia.
La tasa de cambio en CADECA y la política de recaudación de divisas en
las TRD, impactan en la capacidad de compra del salario; en tanto, los
elevados recargos comerciales constituyen un impuesto indirecto a la
adquisición de productos de primera necesidad para los que no existe
opción alternativa o no se aseguran por la vía del racionamiento en las
cantidades necesarias.
Dado el nivel de los precios, los ingresos por concepto de salario son
rápidamente absorbidos en los espacios formales en los que se puede
completar el consumo y difícilmente pueden convertirse en ahorro.
Además, los espacios alternativos (mercado agropecuario de oferta y
demanda e industrial; trabajadores por cuenta propia que ofertan
alimentos, servicios de reparación de viviendas, arreglos de plomería,
electricidad, carpintería, herrería y cerrajería, entre otros) funcionan
con una estructura de precios que toma como referente los importes
vigentes en CADECA, lo cual incrementa la afectación de esta
problemática.
Para la mayor parte de los cubanos se hace imprescindible que el país
salga adelante y se incremente su poder adquisitivo. El impacto entre
profesionales y científicos, que han visto durante casi 20 años que su
aporte social no se corresponde con sus ingresos, ha sido
particularmente severo; al mismo tiempo, los bajos salarios existentes
en el sector empresarial no constituyen un estímulo a la eficiencia.
Pero las dificultades que sitúan a algunos sectores en condiciones de
relativa desventaja, no solo han incrementado las desigualdades
sociales. Un estudio realizado en el Centro de Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas (CIPS) del CITMA concluyó: «La cuestión de
la relación entre moralidad e ilegalidad en condiciones concretas, en
que lo que se exige no siempre coincide con lo que la sociedad es capaz
de dar, constituye uno de los problemas presentes. La extensión del
mercado negro, legitimado por amplios sectores de la población, es una
muestra de ello».5
Así, el hecho de no poder cubrir necesidades básicas con el salario
porque no está en correspondencia con el costo de la vida, la débil
capacidad de los mecanismos de control estatal y la pérdida de valores
que se constata propician el empleo de vías para satisfacer las
aspiraciones individuales que violan normas jurídicas, muchas veces a
partir de los recursos del Estado o de los bienes sustraídos a otros
ciudadanos, lo cual genera un deterioro moral progresivo. Se ha hecho
frecuente escuchar una frase que resulta lesiva a la moral socialista:
«hay que luchar».
En tal sentido, la magnitud de las expresiones de resquebrajamiento de
la disciplina y la ética que favorecen la comisión de delitos en
entidades del sector económico, fundamentalmente en centros productivos
y de servicios, constituyen un desafío para la Revolución.
Expertos cubanos y extranjeros han abordado el tema de diversas maneras
en aras de aportar su propia variante de solución. Todos coinciden en
que este fenómeno genera efectos negativos para la economía y la
contabilidad. Muchos plantean la necesidad de que se elimine como parte
de un proceso gradual y de ajuste paulatino, en un período que podría
durar entre tres y cinco años. La moneda que sugieren resulta más
factible para su permanencia en la circulación es el CUP.
No obstante, hay quienes alegan que aun no están dadas las condiciones
para eliminar la dualidad monetaria, porque la escasez de divisas y las
restricciones de financiamiento externo constituyen la principal
limitación para el crecimiento y, en particular, para la reanimación de
un importante sector de la economía. Sin embargo, en las condiciones de
desarrollo en las que tiene que despegar Cuba se impone preguntar:
¿cuándo estarían creadas las condiciones propicias?
No hay duda, el país ya las está generando, y como puede apreciarse, las
medidas rebasan el marco monetario financiero porque la solución del
problema también pasa por el sector empresarial y la esfera de la
Seguridad Social; se requiere incrementar la producción por todas las
vías posibles, para que la moneda nacional tenga un adecuado respaldo en
bienes y servicios.
Y en esta dirección, un paso inicial que se impone antes de emprender el
complejo camino que progresivamente nos llevaría hasta la unificación
monetaria, es la devaluación del CUP con relación al dólar y, en
correspondencia, con el resto de las divisas internacionales, lo cual
permitiría reflejar con fidelidad los hechos económicos; aunque como
consecuencia de esta medida es probable que aumente el costo total de
los productos y servicios, y su precio de venta mayorista.
La decisión propiciaría que el costo de bienes y servicios nacionales
con menos insumos importados sea más competitivo que el de aquellos
donde los insumos importados son elevados o han sido adquiridos
totalmente en divisas. Los precios mayoristas resultantes reflejarían
con mayor precisión el costo de la producción nacional y permitirían
evaluar objetivamente la competitividad de nuestros productos y las
empresas.
En este nuevo escenario los artículos nacionales deberán ser más baratos
que los importados y que los producidos con mayor contenido de insumos
extranjeros, lo que disminuiría la propensión a importar y contribuiría
a incrementar la disponibilidad de divisas del Estado y al
imprescindible fortalecimiento de la empresa nacional.
Establecer una tasa oficial que exprese un tipo de cambio más coherente
con la realidad del mercado, es clave para crear condiciones que
propicien los niveles de productividad y eficiencia que garantizarían
mayor volumen en la oferta de bienes y servicios, y una reducción de los
precios. La nueva tasa impondría el reto de alcanzar mayor organización
en el sistema económico, mejor planificación de los recursos, una
dirección institucional más eficiente y un sistema de formación de
precios más flexible.
Sin embargo, muchas empresas podrían ir a la quiebra, incluso algunas
que en las actuales circunstancias aparentan ser «eficientes», con los
efectos negativos que esto traería para sus trabajadores. También es
necesario trazar estrategias adecuadas de comunicación que propicien
eliminar falsas expectativas en torno a los resultados del proceso de
unificación monetaria, ya que existe la opinión en una parte de la
población de que este cambio es sinónimo de mejora directa en los
salarios y, por ende, de su nivel adquisitivo, lo cual es falso.
En realidad, el incremento del tipo de cambio para las personas
jurídicas deberá impactar en el nivel general de precios en la economía
y, por consiguiente, es probable que la población sufra un alza en el
valor de los bienes de consumo, lo cual implicará garantizar la
protección de los sectores sociales más vulnerables. Pero a enfrentar
este momento y a eliminar progresivamente las desigualdades, contribuirá
la apreciación del CUP en las relaciones con la población.
El cese de la dualidad monetaria está indiscutiblemente vinculado al
crecimiento económico, al incremento del financiamiento del déficit por
cuenta corriente de la balanza de pagos y al aumento de las reservas
internacionales. Por tanto, para comenzar el proceso gradual de
unificación es necesario que los economistas cubanos continúen
contribuyendo, con creatividad, al diseño e implementación de una
estrategia que garantice una sustitución real de importaciones,
fortalezca la producción de bienes y servicios, proteja la industria
nacional y potencie el mercado interno.
Los contadores deberán desempeñar un rol fundamental. Un desafío
permanente lo constituyen los cálculos econométricos que se requieren en
las condiciones específicas del desarrollo de Cuba, para implantar una
nueva tasa oficial que exprese un tipo de cambio más coherente con la
realidad que impone el mercado, que a la vez evite el incremento del
poder adquisitivo de la población sin que la producción de bienes o la
oferta de servicios sean capaces de respaldar la demanda. Otro tema a
resolver sería cómo controlar el probable exceso de liquidez en CUP de
algunas empresas que podrían convertirse en potenciales derrochadoras y
afectar la balanza comercial, al adquirir capacidad financiera para
obtener en Cuba bienes o servicios importados, o con elevado componente
de insumos importados, cuya demanda tienen restringida hoy por la
escasez de CUC.
A diferencia de lo que muchos piensan, eliminar la dualidad monetaria es
una tarea de todos los cubanos. Asumir el reto de construir el
socialismo en este complejo y decisivo periodo, que implica realizar
cambios imprescindibles que producirán beneficios económicos junto a
costos sociales, requiere de mucha madurez, integridad y compromiso con
la larga historia de lucha revolucionaria que nos han legado nuestros
padres.
http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2011/nro405/dualidad-monetaria.html
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