Por Patricia Grogg
LA HABANA, 18 may (IPS) - La estrategia diseñada en Cuba para elevar la
producción y reducir las importaciones de alimentos busca desatar nudos
burocráticos que entorpecen la labor de los campesinos privados,
responsables de 70 por ciento de la comida que llega a las mesas
familiares del país.
Pero en el programa anunciado este fin de semana por el gobierno, a
implementarse en los próximos cinco años, no se vislumbra una
liberalización de las fuerzas productivas en el sector agropecuario,
abocado a necesarias transformaciones para responder al desafío de
abastecer a una población de 11,2 millones de personas.
El plan, inserto en la proyección económica del país hasta 2015, fue
lanzado por el ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, al
término del X Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (Anap). El anuncio estuvo matizado con llamados a armonizar los
intereses del campesinado con los de toda la sociedad.
La Anap agrupa a cultivadores pertenecientes a las cooperativas de
Producción Agropecuaria (CPA) y de Créditos y Servicios (CSS), que
disponen de 41 por ciento de la superficie agrícola y aportan 70 por
ciento del valor de la producción agropecuaria.
El encuentro, que sigue al de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
efectuado en abril, transcurrió este fin de semana a puertas cerradas
con delegados de todo el país. Varias de las intervenciones fueron
difundidas en espacios diferidos de la televisión estatal cubana.
Algunos se quejaron de las trabas burocráticas que impiden la compra o
contratación directa de insumos y equipamientos necesarios para su
producción. Otros hicieron saber sus éxitos y la forma de lograrlo o
apoyaron el eventual reajuste de los impuestos al sector por un sistema
escalonado según los ingresos.
Pero entre los asuntos más discutidos figuró el de la comercialización
de las producciones agropecuarias, que el campesinado debe vender en su
mayoría al Estado. Solo con el excedente, de alrededor de 10 por ciento,
puede acudir al mercado de libre oferta y demanda.
Sobre el tema, Murillo dijo que habrá que resolver "lo antes posible" el
problema de los "intermediarios ilegales" que elevan los precios sin
aportar a la sociedad.
"Lo ideal sería que el productor pueda decidir, de acuerdo al
comportamiento del mercado y los requerimientos sociales, lo que va a
producir y a quién y adónde vender", comentó a IPS una fuente
especializada que no quiso ser identificada.
Al respecto, el congreso acordó pedir la revisión del sistema de
comercialización centralizado que se experimenta en las provincias
habaneras (La Habana y Ciudad Habana), mediante el cual la compra se
realiza a través de empresas estatales de "acopio" para luego distribuir
la mercadería en la red comercial.
Según documentos del congreso, los delegados se quejaron por la
existencia de dos sistemas empresariales con funciones de
comercialización parecidas, excesiva manipulación de los productos,
pérdidas de cosecha y la no participación de los camiones de las
cooperativas en la venta directa a los mercados, entre otros problemas.
El presidente Raúl Castro, quien comenzó en 2006 sus llamados a sacarle
más frutos al agro cubano y anunció que con ese objetivo se harían los
cambios estructurales y de concepto que fuesen necesarios, asistió a
parte de la cita, pero dejó el discurso de cierre en manos de Murillo,
también vicepresidente del Consejo de Ministros.
En 2008, Castro firmó un Decreto Ley para la entrega en usufructo de
tierras ociosas. Según el titular de Economía y Planificación, al amparo
de esa legislación ya fueron cedidas 920.000 hectáreas, aunque alrededor
de la mitad permanecen aún ociosas o insuficientemente explotadas.
Para investigadores, ese fenómeno comprueba que la entrega de tierras es
una condición necesaria, pero no suficiente para lograr de forma
inmediata incrementos en la producción de alimentos. "Hacen falta
medidas de carácter sistémico que permitan que el productor se sienta
dueño de sus decisiones y resultados", dijo un experto.
En ese sentido, la fuente consideró que los nuevos productores deberían
contar con el financiamiento necesario, asistencia técnica periódica y
tener libertad para contratar la fuerza laboral imprescindible, además
de disponer de un mercado de insumos, servicios y bienes de producción
al cual acudir cuando así lo requieran.
Entre las medidas anunciadas por el ministro Murillo figura justamente
la creación en la mayoría de los 169 municipios del país de un mercado
en el cual los productores puedan adquirir, de manera directa, los
recursos necesarios para sus cultivos, sustituyendo el actual mecanismo
de asignación centralizada, a través de la cooperativa.
"Si eso (los mercados) funciona será muy bueno, porque el campo no
espera y si yo necesito una manguera o soga, por ejemplo, es para ahora,
no para cuando llegue a la cooperativa y me la asignen", dijo Pablo, un
campesino de los alrededores de La Habana que acude con sus productos a
un mercado capitalino de libre concurrencia.
De acuerdo al plan oficial, el sector agropecuario debe aumentar la
producción de alimentos que sustituyan importaciones de arroz, frijoles,
maíz, leche, carnes, café y otros, así como desarrollar la base nacional
de alimentación animal, también para evitar su compra externa.
Por ese concepto, el gobierno espera el ahorro de unos 800 millones de
dólares en importaciones. También se aspira a potenciar los ingresos por
exportaciones y las ventas en el mercado interno en divisas, como fuente
financiera para respaldar una parte de la producción agroalimentaria.
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