El fracaso anunciado de la política de entrega de tierras en Cuba
[30-03-2012]
Elías Amor Bravo
Economista ULC
(www.miscelaneasdecuba.net).- Sinceramente, no me alegro de haber
acertado en las previsiones, pero contemplo con tristeza que las mismas
se van cumpliendo. Varios medios se han hecho eco de que el proceso de
entrega de tierras en usufructo, que comenzó en 2008 como una de las
primeras medidas del raulismo para estimular la producción de alimentos,
"presenta notables retrasos y limitaciones por motivos burocráticos y
prácticos, como la falta de condiciones y experiencia de los nuevos
agricultores".
Incluso, el director del Centro Nacional de Control de la Tierra, Pedro
Olivera, responsable de que este proceso, y que ya debería haber sido
cesado, o liberado como dicen los castristas, por los resultados
obtenidos, señaló en una rueda de prensa "que el proceso ha sido
entorpecido y limitado por problemas como la demora en la aprobación de
solicitudes", para añadir, que "existen entidades estatales que no
declaran toda la superficie ociosa bajo su administración", así como la
"lentitud y retraso" en la explotación de las tierras entregadas por
falta de "control y seguimiento", la escasez de insumos para trabajar el
campo y la poca experiencia y capacitación de los usufructuarios.
En suma, un diagnóstico bastante completo de la gama de problemas que ya
anunciábamos que se iban a producir ante un proceso que supone actuar
sobre uno de los elementos fundamentales sobre los que se cimenta el
poder del régimen comunista: la ausencia de propiedad privada.
Desde que se anunciaron las entregas de tierras en usufructo, señalamos
que tal medida, lejos de contribuir al desarrollo económico de la
agricultura, iba a generar no pocos problemas de articulación
institucional. La tierra es un bien de producción que, o está en manos
de quien la trabaja y produce, o no hay mucho que hacer. En Cuba, como
consecuencia de la política de confiscaciones de propiedades de la
llamada revolución, en el inicio de este proceso de cambios el 51% de la
superficie cultivable de la isla se encontraba ociosa o mal explotada,
en manos de empresas estatales, de organismos de la administración, lo
que podríamos denominar "manos muertas" e improductivas.
Las medidas adoptadas fueron parciales e incorrectas.
Primero porque sólo se aceptó vincular al proceso una cierta cantidad de
la tierra de propiedad del Estado, que se pudo comprobar desde el inicio
que era la de peor calidad, infesta de marabú, tras el cierre de la
industria azucarera decretado por Fidel Castro a comienzos de 2002.
Segundo, porque el sistema de arrendamiento en usufructo es contrario a
la actividad económica al convertir en aparceros sin tierra a los que
dedican todo su esfuerzo a producir en condiciones realmente adversas.
Ni siquiera en los países capitalistas, la fórmula de aparcería es la
más adecuada para el desarrollo de la actividad agrícola.
Con estas dos coordenadas, el régimen instauró un sistema burocrático
para la concesión de tierras que, por un lado pretendía no liberalizar
en exceso el sector, y por otro, mantener bajo estricto control político
cualquier proceso de crecimiento económico.
A ello se tiene que añadir la lentitud del proceso, sólo 194.000
solicitudes que afectan a poco más de 1,4 millones de hectáreas, de los
2 millones inicialmente planeados para la entrega. El proceso ha sido
tan deficiente que incluso, unos 14.000 arrendatarios han sido
eliminados del proceso con posterioridad al renunciar por "incapacidad"
a conseguir que la tierra sea productiva.
Este modelo de usufructo de tierras, dirigido por la cúpula del régimen,
pretende convertir al Estado comunista en arrendador de tierras a los
agricultores, limitando la superficie y las condiciones de la
producción, a la vez que impide cualquier proceso de concentración de
tierras que mejore la escala de los rendimientos o garantizar el destino
libre de la tierra, la realización de inversiones de mejora o los
equipamientos necesarios para producir.
El mantenimiento del statu quo basado en la propiedad estatal de los
medios de producción, y el control político de la actividad económica no
sólo se encuentra en la agricultura, sino en la lista limitativa y
excluyente de actividades autorizadas para el trabajo por cuenta propia,
lo que garantiza al régimen el control político de la economía.
Y la economía, para funcionar, no puede estar sometida a este tipo de
miedos, prevenciones y dirigismos. La libertad de empresa significa que
los productores deben determinar, libremente, el destino de sus bienes
de producción para obtener los máximos rendimientos de los mismos. De
nada sirve limitar entregas de tierras a 13 hectáreas para 10 años,
porque ello supone un freno a cualquier proceso de mejora asociado a la
gestión eficiente de los negocios.
Si el régimen no conoce estas cuestiones, que se retire e instaure el
libre mercado y la propiedad privada como ejes de la actividad en la
agricultura. Los cambios serán espectaculares y en muy poco tiempo. Si
la producción de alimentos en un asunto de "seguridad nacional", que se
lo tomen realmente en serio. Hace años ya contemplábamos la entrega de
tierras como un "parche" sin visos de futuro. No hemos tenido que
esperar mucho tiempo.
Ni aumenta la producción, ni se mejoran los rendimientos, ni se estimula
la competitividad del sector cooperativo o estatal. Los mercados siguen
desabastecidos, y a unos precios que escapan de los bajos sueldos de los
cubanos. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? Mucho me temo que no
demasiado, porque es insostenible.
Desde hace mucho tiempo, las recetas económicas que más éxito han dado
en otros países para superar el atraso del modelo comunista, no se han
puesto en marcha en el régimen castrista, anclado en una absurda
ideología que enuncia una serie de objetivos por un lado, que en la
práctica no se pueden cumplir por las propias restricciones existentes.
La política de entrega de tierras ha sido un buen ejemplo. Vendrán
muchos más.
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