Exfiscal general pide despenalizar la 'actividad económica ilícita'
DDC
La Habana 09-03-2012 - 8:17 pm.
Ramón de la Cruz Ochoa dice que es 'una falsedad' que los abogados
defensores representen al régimen, pero sugiere una nueva Ley de
Procedimiento Penal.
Ramón de la Cruz Ochoa, exfiscal general. (M24DIGITAL.COM)
Ramón de la Cruz Ochoa, exfiscal general del régimen, cree que debería
despenalizarse la "actividad económica ilícita", porque con el "proceso
de transformaciones" que vive el país dicha figura no debe continuar
como delito.
"No es que vayamos a la anarquía y que cada cual ande por su cuenta y
riesgo. Yo creo que sí, que el trabajo por cuenta propia tiene que tener
una licencia y tiene que estar aprobado, tiene que pagar impuestos",
afirmó el conocido penalista en entrevista con la revista católica
Espacio Laical.
De la Cruz Ochoa dijo que si se "infringe eso [licencia e impuestos],
hay posibilidades administrativas para solucionarlo. No tenemos que
necesariamente llevarlo a un proceso penal".
Advirtió además que "hay cosas que hoy no están y que deberían estar en
un futuro, de acuerdo a cómo se desarrolle la economía en este país".
Entre ellas mencionó el "delito de quiebra fraudulenta", que no existe
en el Código Penal.
De la Cruz fue fiscal general de la República entre 1986 y 1994.
Actualmente es profesor de la Universidad de La Habana y abogado del
Bufete de Servicios Especializados, que atiende a extranjeros.
El jurista mencionó la necesidad de "una nueva Ley de Procedimiento Penal".
La reforma de esa norma debería "fortaler la Fiscalía y la etapa de
instrucción", hacer que la Abogacía "entre en una etapa más temprana del
proceso" y crear un "Tribunal o Juez de Garantía" para adoptar las
decisiones sobre la prisión provisional, entre otras ideas.
El exfiscal defendió el sistema de bufetes colectivos, el único órgano
que autoriza el ejercicio de la abogacía en la Isla.
"Te puedo decir que con los abogados nadie se mete. A veces uno oye por
la prensa internacional que si son abogados del Estado. Eso es una
falsedad. No son abogados del Estado. Son abogados que pertenecen a una
organización autónoma, creada por la ley, que gozan de la suficiente
independencia", apuntó.
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